La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua descalificó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, o cualquier organismo de Naciones Unidas, que haya emitido o emita informes de violaciones de derechos humanos en su país, Cuba y Venezuela porque, a su juicio, están fundamentados “en la agenda mediática y los decires calumniosos y difamantes”.
“El Gobierno de Nicaragua condena enfáticamente la politización y la selectividad de países específicos en algunos organismos de Naciones Unidas, y particularmente del Consejo de Derechos Humanos que, como hemos denunciado reiteradamente, fundamenta sus llamados reportes o informes en la agenda mediática y los decires calumniosos y difamantes de organismos que no representan la vida de los pueblos”, señaló en un pronunciamiento.
Según el Ejecutivo, “estas presentaciones denigrantes, la selectividad contra países en desarrollo, es una práctica viciada que desacreditan al propio Consejo de Derechos Humanos”, al que acusó de “trasladar”, con sus informes, “mayor incertidumbre e inestabilidad a los pueblos, tan necesitados de verdad”.
“Denunciamos y condenamos la repetición de ataques en una guerra ininterrumpida y cruel contra nuestros pueblos, y en particular contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, en un patrón, un modelo y un diseño propios de intereses ajenos, delineados en las políticas injerencistas e intervencionistas de los imperios”, indicó.
Asimismo, el régimen que preside el sandinista Daniel Ortega, mantenido a flote gracias ha que ha aplastado a sangre y fuego cualquier manifestación pacífica, cínicamente exigió a estos organismos velar por el respeto a la dignidad humana, la seguridad, la convivencia armoniosa y la vida.
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“Exigimos que tomen en cuenta todas las perspectivas y todos los derechos, fortaleciendo diálogo y paz, en un mundo tan necesitado de armonía y resolución pacífica de cualquier conflicto”, continuó.
El sandinismo, que ha masacrado ante la mirada de la opinión pública incluso a niños y adolescentes, ahora previene cualquier condena en su contra al asegurar que los organismos de la ONU “no pueden continuar distorsionando, con ruidos politizados y falsificaciones, las realidades cotidianas de las familias”.
En agosto de 2018, Ortega expulsó de Nicaragua a una misión de la ONU tras un duro informe en el que señaló al Estado nicaragüense como principal responsable de graves violaciones a los derechos humanos.
Cuatro meses después dio por concluida una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entes tutelados por la CIDH, en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018.
Según Managua, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) quieren asfixiar a Nicaragua.
La Oacnudh y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de Ortega de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores en el marco de la crisis iniciada en abril de 2018.
Mientras el GIEI, tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado al menos 328 muertos, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 684 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento fallido de golpe de Estado.
(Con información de EFE)
