Solicitantes de asilo en EE. UU. originarios de Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, entre otros países, continúan siendo “secuestrados, torturados, violados y atacados violentamente” al ser obligados por la Administración Trump a permanecer en México mientras se escucha sus casos de asilo.
Así lo determinó la organización Human Rights Firts (HRF), en un comunicado publicado este jueves, y en el que destacó la difícil situación que enfrentan las personas de aquellas naciones latinoamericanas después de ser devueltas a México bajo los “crueles e ilegales Protocolos de Protección al Migrante (PPM), también conocido como el Política de "Permanecer en México".
"Los funcionarios de la Administración Trump continúan enviando (a México) a personas que han pedido protección de refugiados, a sabiendas de que ahí serán secuestradas, explotadas, golpeadas, violadas e incluso asesinadas", dijo Kennji Kizuka, de Human Rights First, según el comunicado de prensa.
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La organización agregó que a pesar de la “abrumadora evidencia” de que esos retornos forzados son una catástrofe de derechos humanos, la Administración Trump y los funcionarios de migración continúan implementando, expandiendo y defendiendo esa política.
El informe recoge que hay al menos 636 casos registrados de ese tipo de agresiones a inmigrantes que, en el marco de los Protocolos de Protección Migrante (PPM), EE.UU. devolvió a territorio mexicano después de que cruzaran la frontera.
De esos casos, al menos 138 son de raptos e intentos de secuestro de menores de edad.
El PPM fue creado por el Gobierno de Trump en enero pasado para que los solicitantes de asilo esperen en México a que se complete su proceso en EE.UU.
El informe de HRF advierte de que probablemente estos datos sean "la punta de iceberg", ya que "la mayoría de los retornados no han sido entrevistados por investigadores o periodistas".
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HRF subrayó que incluso algunos inmigrantes con derecho a asilo, como los de origen cubano o venezolano, son devueltos a México a la espera de ser citados ante un juez estadounidense que decida sobre su futuro, mientras son obligados a permanecer en algunas de las regiones más peligrosas de ese país.
Además, afirmó que los casos en que los migrantes no consiguen acudir a sus citaciones judiciales al haber sufrido los estragos de la violencia son cerrados con una orden de deportación para las víctimas.
Desde enero pasado, las autoridades estadounidenses han devuelto a México casi 70.000 solicitantes de asilo y migrantes, que a menudo esperan durante meses hasta poder presentarse ante un juez de inmigración de EE.UU.
(Con información de Efe)
