México, 26 sep (ADN CUBA).- A pesar de la crítica generalizada de que Donald Trump le dobló el brazo a su vecino, Andrés López Obrador, para que militarizara su frontera sur con Guatemala y detener a los migrantes indocumentados en ruta hacia Estados Unidos, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez, insistió este jueves en que "la ley no ha cambiado ni va a cambiar".
"A principios de año (2019) dije que al mismo tiempo que mantendríamos y ampliaríamos la tradición hospitalaria de México, era necesario ordenar el ingreso por nuestra frontera sur", justificó.
Sánchez compareció ante el pleno del Senado para analizar los primeros meses del Gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, donde defendió que las políticas migratorias siguen siendo las mismas que al inicio de la actual Administración el 1 de diciembre de 2018.
Sin embargo, si bien el nuevo Gobierno aplicó una política de puertas abiertas hacia la migración centroamericana, la fue restringiendo por las presiones del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ante el incremento del flujo migratorio.
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En junio, Estados Unidos y México cerraron un acuerdo migratorio que evitó que el primer país impusiera aranceles a todos los productos provenientes del segundo.
A raíz de ello, México envió a las fronteras norte y sur a la Guardia Nacional -un nuevo cuerpo de seguridad formado por policías y militares- y se contrató a más personal migratorio.
El Gobierno de México informó a inicios de septiembre de que a raíz del acuerdo se redujo el flujo migratorio en un 56 %.
"De enero a junio de este año se estima que pasaron por México, para llegar a la frontera norte y cruzar hacia Estados Unidos, más de medio millón de centroamericanos", explicó Sánchez.
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De hecho, esa baja llevó a mediados de septiembre a que el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se ufanara de que su país ha cumplido el trato de frenar el flujo migratorio proveniente del sur, sobre todo de centroamericanos.
Y como una suerte de moneda de cambio, el canciller dijo que su país pidió a EE. UU. "congelar" el tráfico ilegal de armas estadounidenses con las que se comete el 70% de los delitos en México.
El Gobierno de López Obrador también se vio obligado a aceptar y suscribir con EE.UU un cuestionado programa migratorio, llamado Protocolo de Protección a Migrantes (PPM), más conocido como "Permanezcan en México".
La política de PPM permite a EE.UU. devolver al país vecino a aquellos indocumentados que llegan a la frontera y solicitan asilo (sin importar de dónde provengan) para que esperen allí a que se resuelvan sus casos en EE.UU., un proceso que puede durar años.
Esa norma empezó a aplicarse a comienzos de este año en tres puntos de entrada a EE.UU. en la frontera común y, en junio, como parte del acuerdo migratorio alcanzado con la Casa Blanca, México accedió a expandir su implementación a lo largo de toda la zona limítrofe.
(Con información de Efe)
