El Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano (LCLAA, siglas en inglés), sindicato de trabajadores latinos en EE. UU., envió un mensaje de solidaridad con los manifestantes cubanos del 11 de julio.
En un comunicado emitido sobre la situación en la isla, el sindicato —de izquierda— dijo estar “comprometido” con las voces de todas las comunidades oprimidas y que explorará formas de “apoyar al pueblo de Cuba”.
“Aunque el gobierno cubano sigue culpando a Estados Unidos, el hecho es que el gobierno cubano ha hecho poco para reconocer las demandas de los manifestantes, sino que ha optado por escalar la violencia en un esfuerzo por aplastar a sus críticos y estas tácticas sólo sirven para exacerbar el conflicto”, agregó el texto.
Entre las causas de la revuelta, LCLAA mencionó la escasez de medicinas y alimentos, los cortes de electricidad y “la mala gestión gubernamental de la pandemia de la Covid-19.
Al mismo tiempo, LCLAA hizo un llamado al gobierno de Joe Biden para que revise su política hacia Cuba, la cual calificó de “poco fructífera”.
Otra organización de izquierda, Communications Workers of America (CWA) emitió un comunicado donde “condena el continuo encarcelamiento, arresto, tortura y otros actos de hostigamiento desmedido del gobierno cubano contra su propio pueblo”.
La Resolución, además, recuerda que CWA ayudó a escapar de la isla a varios líderes sindicales de la Federación Sindical de Teléfonos de Cuba a inicios de la década de 1960, época en que Fidel Castro y el nuevo régimen destruyeron el movimiento obrero cubano.
CWA es una organización que representa a los trabajadores del sector de las telecomunicaciones, tanto públicos como privados, en Estados Unidos.
Instituciones, personalidades políticas y gobiernos de izquierda y derecha, condenaron la represión desatada por el gobierno cubano contra los manifestantes que salieron a las calles en julio de 2021 en decenas de localidades del país.
La ONG Cubalex, que da asesoría legal a defensores de derechos humanos, suma en su listado más de 800 detenidos y desaparecidos durante las protestas.
El pasado 16 de julio, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigió al régimen cubano la liberación de todos los manifestantes detenidos durante las protestas populares en Cuba. También apostó por el inicio de un proceso de diálogo.
El gobierno cubano solo ha reconocido la muerte de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente en el municipio de Arroyo Naranjo, de quien la nota oficial no ofrece las causas del deceso.
