La Cámara de Representantes de EE.UU., de mayoría demócrata, aprobó una iniciativa de apoyo a quienes salieron a la calle en Cuba el pasado 11 de julio, en lo que fueron las protestas antigubernamentales más grandes en la isla en seis décadas.
Con el respaldo de 382 legisladores y el rechazo de 40, la iniciativa ahora pasará al Senado para luego ser enviada a la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden debe firmarla para que se convierta en ley.
La legislación expresa la “solidaridad” de Washington con los cubanos que fueron detenidos el 11 de julio y condena los “actos de represión” del Gobierno de Cuba, además de pedir la “inmediata liberación” de quienes fueron detenidos “arbitrariamente” durante las protestas.
También pide a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), al Ministerio del Interior cubano y a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) “que no arresten ni detengan a manifestantes pacíficos”.
El proyecto fue impulsado por la legisladora demócrata Debbie Wasserman-Schultz y recibió el apoyo del republicano Mario Díaz-Balart, ambos representantes del estado de la Florida, donde reside la comunidad de exiliados cubanos más grande del mundo.
En Twitter, Díaz-Balart dijo que la resolución es “una cuestión de derechos humanos básicos y democracia”, y apuntó contra quienes votaron en contra diciendo que “están en el lado equivocado de la historia”.
Entre los 40 demócratas que no respaldaron el texto se encuentran las legisladoras Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley y Pramila Jayapal, conocidas por sus posiciones de izquierda.
El pasado 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles de forma espontánea para reclamar más libertades y un cambio político en unas protestas que se saldaron con un muerto, centenares de detenidos y condenas de cárcel.
Para el 15 de noviembre, algunos sectores de la isla convocaron una marcha pacífica pero el Gobierno negó el permiso para celebrar esa protesta y advirtió a los convocantes de que se les imputarán delitos y serán procesados si mantienen la decisión de marchar.
En Cuba, los derechos de huelga y manifestación no se contemplan fuera de las instituciones estatales, por lo que, de haberse autorizado, la marcha del 15 de noviembre habría sentado un precedente histórico.
No obstante, en reacción a esa prohibición, Washington ha advertido que responderá, posiblemente con sanciones, si se "violan los derechos fundamentales" del pueblo cubano o se procesa a los impulsores de la marcha de noviembre.
