Representantes de empresas estatales cubanas deben estar incluidos en el Grupo de Trabajo de Remesas a Cuba (CRWG, siglas en inglés), indicó este 27 de julio un memorando dirigido al Departamento de Estado.
El comunicado, a nombre de las 17 empresas que forman el CRWG, declaró que su enfoque está centrado en determinar “cómo mover las remesas y cómo usarlas” sin que el régimen cubano se quede con una parte de ellas.
La administración Biden debería centrarse en cuestiones operativas, entre ellas, ofrecer visas a funcionarios cubanos responsabilizados con los trámites financieros, y, en su defecto, acordar encuentros por medio de internet con los mismos.
Esta afirmación la justifican diciendo que Washington debería escuchar voces discordantes, y no basarse únicamente en la opinión de personalidades ya conocidas, sino que debe abrirse a todas las voces.
Una de las recomendaciones principales aconseja beneficiar a “cuentapropistas, cooperativas no controladas por el gobierno y pequeñas y medianas empresas independientes que están resurgiendo” en estos momentos.
También, precisan que es imperativo fijar una fecha límite para todas las recomendaciones, a fin de informar de sus conclusiones a los Departamentos de Estado, Tesoro, Justicia, Defensa, Seguridad Nacional, entre otros.
Las recomendaciones están firmadas, entre otros, por Amazon, Inc., Bank of America; Citibank, Publix Super Markets y Va-Cuba, Inc.
Tras las protestas masivas del 11 de julio el presidente Joe Biden dijo que su gobierno se enfocaba en reformar la política hacia Cuba, de tal manera que acelerara el cambio hacia la democracia.
El presidente demócrata dijo que estudiaba ampliar el envío de remesas a Cuba por vías que no beneficien al gobierno cubano; prometió estudiar la apertura de internet satelital para los cubanos y sancionó a figuras e instituciones implicadas en la represión.
Pero los anuncios de Biden no han sido vistos con buenos ojos por su contraparte republicana en el Congreso.
El senador por Florida Mario Díaz-Balart tildó de débiles y erróneas las decisiones de Biden cuando designó para sanciones al general Álvaro López Miera y a una tropa élite del Ministerio del Interior.
