Acorralado por el escándalo surgido a raíz del operativo militar que dejó ocho menores muertos en Colombia, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se vio obligado a renunciar este miércoles, informó el diario bogotano El Tiempo.
Por medio de un comunicado de presa, Botero presentó renuncia a su cargo, en medio de una fuerte polémica por la operación de bombardeo donde fallecieron los ocho menores de edad, detalló el diario.
La masacre se dio durante un ataque militar contra disidentes de las FARC en el departamento colombiano del Caquetá. La operación permaneció oculta durante dos meses por las autoridades.
La denuncia la hizo el martes Roy Barreras, senador del Partido de la Unidad Nacional, quien reveló que el ejército "bombardeó a niños".
Tan grave era la acusación que el director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió al ministro, previo a que dejara el cargo, "una respuesta seria a los colombianos sobre esta denuncia".
"La Fiscalía debe iniciar una investigación para determinar si el Ejército lanzó un ataque a pesar de que podía haber previsto que muertes de civiles serían excesivas", dijo Vivanco en Twitter.
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En respuesta a las acusaciones, Botero había asegurado, antes de la renuncia, que "todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada 'Proceso militar de toma de decisiones'".
Esa figura, detalló, se implementó en todas las Fuerzas Militares desde 2008 "por mandato de la política integral de DD.HH. y del Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa", por lo que calificó la denuncia del congresista como "tergiversada" y "especulativa".
El pasado 30 de agosto, el presidente Iván Duque afirmó que en una operación militar a gran escala murieron nueve disidentes de las FARC, entre ellos un cabecilla de esa organización conocido con el alias de "Gildardo Cucho".
A comienzos de septiembre el Ejército elevó a 14 el número de muertos en la operación que se realizó en la vereda (aldea) Candilejas, en el municipio de San Vicente del Caguán.
No obstante, el senador Barreras denunció el martes que el Gobierno había mantenido oculto que siete de los muertos eran menores de edad: Ángela Gaitán, de 12 años; Sandra Vargas, de 16; Diana Medina, de 16; José Rojas, de 15; Jhon Pinzón, de 17; Wílmer Castro, de 17, y Abimiler Morales, de 17.
(Con información de Efe)
