La historia de las Relaciones Internacionales —como campo de interacción y debate sobre el orden global— guarda directa relación con la evolución de la geopolítica, con el poder relativo de cada Estado en su esfera de acción. Es sobre ese entorno regional y mundial signado por la realpolitik —y no sobre universos ideales— donde operan las luchas por los Derechos Humanos.
En las pasadas semanas las autocracias avanzaron en varios sitios del mundo, profundizando una tendencia planetaria de vulneración sistemática de los Derechos Humanos. Se impuso en Rusia una Constitución conservadora, homófoba y chovinista, que avala el despotismo vitalicio de Putin. El Partido Comunista chino aplicó en Hong Kong su nueva Ley de Seguridad Nacional, con lo que dañó severamente el modelo “un país, dos sistemas”.
Turquía y Arabia Saudita dieron nuevos pasos al refuerzo de sus tiranías con ropaje teocrático. En Latinoamérica, diversos activismos sociales fueron castigados por gobiernos del eje bolivariano y narcoestados de Centroamérica. En el plano internacional, algo llamativo pasó: en el Consejo de Derechos Humanos, varias de esas tiranías avanzaron y afianzaron su activismo.
Incluso, llegaron a entorpecer en ese foro el análisis y denuncia de sus desmanes. Es lógico que la frustración crezca entre los defensores de Derechos Humanos. Algunos activistas, justamente agraviados por el desempeño de esas instituciones internacionales, las juzgan como sitios ineficaces, llenos de burócratas insensibles.
Piden abandonarlas, ignorando que, con todos sus limitaciones y defectos, constituyen un espacio real para la lucha de los débiles, armados de razones, frente a los despotismos salvajes. Otros defensores y organizaciones piden transformar estas instancias desde dentro. Un tercer sector tiene una posición híbrida. Ante ese panorama, está claro que la existencia de equilibrios geopolíticos donde las naciones democráticas contrapesen a las autocracias globales es algo precario.
Como ha señalado Gabriel Salvia, alguien con notable experiencia de activismo global, solemos olvidar que en instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU) las democracias son minoría. Sus gobiernos a menudo sienten constante presión de sus propios ciudadanos, para resolver problemas domésticos, dejando desatendida la defensa global de los Derechos Humanos.
Además, las autocracias, por su perpetuación en el poder, su impermeabilidad interna a la rendición de cuentas y el cambio electoral, sólo compiten frente a las acusaciones en estos ámbitos multilaterales. Pero si hay un terreno donde la narrativa autoritaria puede ser desafiada es en el discurso y la agenda de Derechos Humanos. Aunque parezcan inocuos, a las dictaduras les molesta mucho lo que allí sucede. Por eso no escatiman esfuerzos por cooptar, silenciar o desnaturalizar dichos foros. Otra alternativa es la simulación democrática. Algunas autocracias han aprendido a moverse dentro de Naciones Unidas, aprovechando sus mecanismos formales en provecho propio, haciendo permanentemente diplomacia a favor de sus intereses.
La contienda política en el siglo XXI sigue siendo —además de una lucha tradicional de fuerza— un espacio por conquistar corazones, imponer narrativas y demoler símbolos ajenos. El espacio privilegiado para esa disputa son las organizaciones internacionales. Por eso los regímenes autoritarios dedican recursos y planes a incidir allí. La respuesta a eso no puede ser el aislacionismo típico del discurso neoconservador, sino la articulación creativa y transnacional de defensores locales, organizaciones especializadas y gobiernos democráticos que enfrenten las agendas autocráticas.
Si bien la idea de Derechos Humanos no ha formado parte de todas las naciones y épocas, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se adoptó y legitimó la idea de que el individuo tiene derechos, que deben ser respetados y garantizados por el Estado. Los Derechos Humanos no debilitaron la noción clásica de soberanía estatal, pero sí la complejizaron y relativizaron. Si se revisa la historia del medio siglo pasado, veremos que la ONU y otras agencias y foros globales fueron siempre un espacio para la lucha entre visiones del poder. Los Derechos Humanos, en toda su complejidad y diversidad, estuvieron en el centro de esa pugna.
No hubo nunca, siquiera después de 1989, una completa y definitiva hegemonía liberal o iliberal. De hecho, durante la Guerra Fría, los liberales fueron muy activos en promover garantías para los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión. Los socialistas enfocaron su discurso en la defensa de los “derechos económicos, sociales y culturales”. A partir de 1989 ambas visiones, la integralidad de derechos, comenzó a confluir. Hoy confluyen, en el plano global, diferentes actores relevantes en su promoción. El activismo transnacional busca, por medio de la persuasión o la presión, que los Estados acepten y promuevan esa agenda.
La disputa por un mundo con más y mejores Derechos Humanos debe darse en el seno del multilateralismo. Abandonar esos espacios, como parecen creer en su comprensible frustración algunos activismos, es un error. También lo es la experimentación que busca hacer tábula rasa del legado acumulado. En países como Venezuela, se conoció el experimento cuando un grupo de defensores —cercanos al chavismo— intentó construir una institucionalidad paralela y una teoría de Derechos Humanos que la sustentara, la llamada “visión crítica de los Derechos Humanos”.
Hoy, los desafíos de defender y promover integralmente los Derechos Humanos, en un contexto de arremetida populista, con gobiernos de distintos signos ideológicos pero idéntica pulsión liberticida, se vuelve un tema álgido. La interacción en espacios multilaterales genera, adicionalmente, una suerte de pedagogía del activismo, entre actores y tradiciones de defensa de Derechos Humanos que quizá nunca se encontrarían. Resulta clave que la defensa del “derecho a tener derechos” se haga reconociendo la integralidad de los mismos —los civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y los que se añadan—, ya que solo con la suma de todos ellos es posible construir ciudadanía plena.
Asimismo, conviene revisar el legado complejo y acumulativo de sucesivas generaciones de activistas, paradigmas e instrumentos de defensa y promoción de derechos; para desde ellos reconocer los aportes liberales, socialistas y de diversos movimientos sociales. Pues si las distinciones analíticas son relevantes, no es posible —normativamente— privilegiar unas víctimas o aristas sobre otras.
En la actualidad, un enfoque robusto de DDHH obliga a reconocer la legitimidad y especificidad de las diferentes agendas, independientemente de los contextos donde se impulsen. Por suerte, en nuestra región, el diálogo y reconocimiento entre pares de distintos países va produciendo interesantes aprendizajes y sinergias. Hay buenos ejemplos hoy en posturas como la mexicana, que denuncia lo que sucede en México y en Cuba, sin considerar que esto le dará voz a “derechistas pagados por Miami”. O en la gente del Movimiento San Isidro en Cuba, que es capaz de solidarizarse con las protestas antirracistas en EE. UU. sin confundirlas con “desestabilización comunista”.
El mundo seguirá conectado en múltiples terrenos: migratorios, comerciales, informativos, ambientales. Otras opciones, aislacionistas, son costosas o, de plano, simplemente irreales. En vez de abandonar las instancias multilaterales, es allí donde la creatividad, el valor y el compromiso de los activistas y sus aliados se pondrá a prueba, enfrentando la arremetida autocrática. Pues siempre será preferible el aprendizaje en el encuentro y el ruido de la disputa en torno a la libertad al silencio o el monólogo impuesto por sus enemigos.
Recomendaciones de lectura del autor:
Alejandro Anaya, Los derechos humanos en y desde las Relaciones Internacionales, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ciudad de México, 2014.
