Diversas metodologías internacionales coinciden en la profundización de la erosión democrática en el mundo, e incluso algunos académicos hablan de una tercera ola autocratizadora. Sin embargo, también se identifican elementos que hacen pensar en la resiliencia del modelo democrático liberal.
De acuerdo al reporte sobre estado de la democracia de IDEA Internacional de 2021, por quinto año consecutivo el número de países en transición hacia el autoritarismo es tres veces más alto que el número de países en transición hacia la democracia.
Por su parte, el último informe presentado por Latinobarómetro registró que si bien entre 2010 y 2018 el apoyo a la democracia había caído de 63% a 48%, en 2020 esta tendencia cambió y se ubicó en 49%, lo que refuerza la hipótesis de la resiliencia.
No obstante, en la última década el índice ha documentado una pérdida del apoyo de la democracia de 14 puntos, al tiempo que la indiferencia con la democracia aumenta de 16% a 27% entre 2010 y 2020.
También es preocupante el aumento del porcentaje de personas (del 44% en 2002 al 51% en 2020) que afirman que no tendrían problemas en que un gobierno autoritario llegue al poder siempre y cuando resuelva los problemas.
Además de la disminución en el apoyo a la democracia, se registra un aumento de la insatisfacción con la democracia, que pasa de un 51% a un 70%, mientras que los satisfechos bajan del 45% en 2009 a un 25% en 2020.
Este escenario es un terreno fértil para las aventuras autoritarias en el mundo, pero particularmente en la región. Las dificultades de los gobiernos para hacer frente a las crisis económicas, políticas y a los problemas derivados de la situación sanitaria, han generado un clima de insatisfacción general y algunos han utilizado los mecanismos establecidos en las constituciones como los estados de excepción, de conmoción o de emergencia para restringir las libertades.
Hace unos años distintos gobiernos unían esfuerzos en mecanismos regionales como el Acuerdo de Lima para denunciar los giros autoritarios de algunos vecinos (en este caso Venezuela). Sin embargo, en la coyuntura actual los gobernantes han dejado de lado los problemas regionales para hacer frente a los locales, lo que ha dejado un espacio para que líderes de distintos signos políticos, populares o no, deterioren el tejido democrático, ya sea avasallando los poderes legislativo y judicial, desarticulando los mecanismos de check and balance, y/o criminalizando a las voces disidentes.
El caso cubano
En el caso de Cuba, hemos atestiguado en los últimos años una latinoamericanización de la Isla, es decir, la agenda de la insatisfacción y protestas ha penetrado en la “excepcionalidad” cubana, catalizada por la pandemia, que ha mostrado que las problemáticas regionales son transversales, independientemente de los regímenes políticos de cada país.
A partir del acceso a datos móviles en 2018 se empezó a visibilizar el aumento en las demandas sociales. Esto tomó en un principio formas menos articuladas, como expresiones de descontento espontáneas que tenían que ver con las deficiencias de los servicios básicos, los precios de la telefonía celular, y que más adelante se fueron convirtiendo en exigencias más elaboradas, como los grupos de promoción de bienestar animal, el activismo LGBTI, de género, afrocubano, o la respuesta de artistas ante los Decretos Ley 349 y 373.
Después del acuartelamiento del Movimiento San Isidro y la sentada frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre (27N) de 2020, se empezó a registrar un descontento que se incrementaba conforme en la Isla empeoraba la situación sanitaria en 2021. Así pues, el 11 de julio se daban de manera espontánea y simultánea manifestaciones masivas en más de 60 ciudades. De acuerdo al Observatorio Cubano de Conflictos, alrededor de 180 mil personas se volcaron a las calles ante la pauperización de las condiciones de vida, exigiendo libertades, acceso a productos básicos, vacunas y mejoras en el sistema sanitario.
La naturaleza horizontal y espontánea de la protesta hizo que fuera incontenible en un primer momento, pero rápidamente las fuerzas de seguridad reprimieron a las y los manifestantes, y se documentaron más de mil detenciones y cortes de internet por hasta tres días para desarticular a la ciudadanía.
De acuerdo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en el mes de julio las protestas dejaron al menos 1.745 acciones represivas, de las cuales 1.103 fueron detenciones arbitrarias (23 menores, de entre 14 y 17 años de edad). Por su parte Cubalex documentó en total 1.314 arrestos y para diciembre de 2021 tiene registro de 698 personas que siguen detenidas.
A lo largo del 2021 hemos visto la conformación de distintos colectivos que han articulado acciones para alivianar el desabastecimiento de productos básicos, defender los derechos de las personas detenidas a partir del 11 de julio, los de la comunidad LGBTIQ+ y otros grupos afectados por los dos anteproyectos de Código de las Familias que se han publicado, así como los de los medios y el periodismo independiente. En este sentido, se puede registrar una mejora en la coordinación interna por parte de los actores, así como con sus aliados en el exterior.
Sin embargo, las dificultades para organizar la marcha del 15 de noviembre, y la desarticulación del movimiento ciudadano Archipiélago, desmoralizaron a las distintas agrupaciones que promueven una apertura democrática en la Isla, dejando una sensación de impotencia y frustración.
El año 2022 traerá grandes desafíos a la región. De acuerdo al Índice de Democracia de The Economist de 2021, en América Latina sólo hay tres democracias plenas. Los tres regímenes autoritarios (Cuba, Venezuela y Nicaragua) son escoltados por aquellos calificados como híbridos por la erosión del tejido institucional que han sufrido, entre ellos El Salvador, Honduras y Guatemala. El reto no será sólo promover un cambio en los regímenes autoritarios, ya de por sí una empresa exigente, sino también proteger las conquistas democráticas en los países que presentan leves pero sostenidos retrocesos.
*Con información de IDEA Internacional, Latinobarómetro, el Observatorio Cubano de Conflictos, Cubalex, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, The Economist y el artículo "Cuba: ¿primavera cívica o congelamiento autoritario?" de Claudia Mare y Armando Chaguaceda, publicado en la edición de noviembre de la Revista #DDA
