Ya son 223 personas que tienen prohibido entrar o salir de Cuba por razones políticas. La víspera Claudia Márquez, fundadora de las Damas de Blanco, recibió una comunicación de Copa Airlines en Panamá en la cual se le decía que no podía entrar a la isla.
Claudia viajó a Panamá desde Puerto Rico, a donde huyó hace 15 años como refugiada política, para hacer escala camino a Cuba. Allí vive su madre, a la que no ve desde 2005 y a la que, de nuevo, se quedará sin ver.
“Siempre he estado a favor de la libertad para viajar a la Isla y enviar ayuda a la familia, y es precisamente por el carácter violatorio de los derechos humanos y anti familia de esas actuaciones, que debemos exigir un trato recíproco a aquellos que directamente ordenan los impedimentos de salida y de entrada de cubanos a su propio país”, declaró en redes sociales Yaxis Sires, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al conocer la noticia.
En 2003, la entonces periodista independiente fundó junto con otras siete mujeres el grupo Damas de Blanco luego de que su esposo, Osvaldo Alfonso, fuera condenado a 18 años durante la ola represiva conocida como la Primavera Negra.
Mario Félix Lleonart, presidente del Instituto Patmos, una organización con sede en Washington que ha seguido de cerca las acciones del régimen contra estas personas, aseguró que “se trata de ciudadanos cubanos que poseen todos sus documentos en regla y sobre los que no pesa sanción o delito alguno que afecte su derecho al libre movimiento”.
Sin embargo, precisar el número exacto de afectados por este método represivo al que algunos llaman “Operación Jaula Abierta” pude resulta difícil, pues muchos activistas han reportado que días antes de viajar, las autoridades les han confirmado que no tienen una regulación vigente “en el sistema”, pero de todas formas, en el aeropuerto, les han negado la salida, como una muestra más de que la Seguridad del Estado puede mover las leyes a su antojo.
Algunos regulados prefieren mantener el incógnito con la esperanza de que la próxima vez los dejen salir o entrar al país.
De acuerdo con las leyes vigentes, las autoridades migratorias pueden impedir la emisión, prórroga o renovación del pasaporte, o la salida del país, a cualquier ciudadano cubano y en cualquier momento, entre otros casos, si consideran que existe un abstracto “interés público” para ello.
La mayoría de los opositores, activistas y reporteros a los que se les impide salir del país, no poseen una causa penal pendiente en tribunales de la isla. Y en algunos casos, los activistas que han tenido “causas penales” alegan que se trata de casos fabricados y carentes de toda garantía procesal.
