El abogado cubano Faisel Iglesias presentó ante la Corte Penal Internacional el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) prisionero desde el pasado mes de octubre y sobre el que pesa una condena de 9 años.
En representación de su esposa Ismarays Nelva Ortega Tamayo y de sus hijos, el abogado detalló el ilegal proceso que enfrenta Ferrer en Cuba y solicitó una investigación sobre la veracidad de los hechos que se denuncian.
Para Iglesias, el caso de Ferrer no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política de Estado para reducir a mínimos todas las formas de libertad y que, por esta razón, es una violación flagrante de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“En Cuba el poder judicial no es independiente ‒explica Faisel Iglesias‒ ni Cuba es un estado de derecho de conformidad con las ciencias jurídicas modernas”, declaró el jurista a Cubanet.
Ferrer fue detenido junto a otros miembros de la UNPACU, el 1ero de octubre de 2019, tras incitar y protagonizar en septiembre una acción de protesta pública en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre (patrona de Cuba).
La manifestación consistió simplemente en salir a las calles con un girasol amarillo en las manos; pero las autoridades reprimieron a quienes se sumaron al gesto, haciendo alardes de su poder absoluto sobre todos los aspectos de la vida de los cubanos.
El arresto inicialmente se reportó como una desaparición forzosa porque los agentes del régimen se negaban a ofrecer a la familia y allegados de Ferrer información sobre su paradero y estado de salud, y tampoco le permitían el acceso a un abogado. El disidente estuvo más de 30 días incomunicado.
Su esposa pudo verlo poco después gracias a que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (ONU), exigió al Estado cubano “aclarar de inmediato la suerte y el paradero del líder opositor”. Tras una visita de pocos minutos, Ortega denunció que Ferrer mostraba signos de tortura física, y dijo que el opositor contó que en la celda le habían colocado un delincuente que amenazaba con asesinarlo por órdenes de la Seguridad del Estado.
Desde su arresto varios entes internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, y el gobierno de los Estados Unidos, han reclamado a Cuba para que libere al opositor, pues a todas luces es juicio que preparan en su contra está amañado y carece de garantías para el debido proceso.
El régimen ha usado todos los medios a su alcance, desde las relaciones diplomáticas hasta el control absoluto que ejercen sobre los medios de comunicación, para mostrar a un Ferrer culpable de violencia y de ser un “asalariado del imperialismo [norteamericano]”.
Un video transmitido por la Televisión cubana mostró escenas dudosas y de muy baja calidad en que se ve al opositor autolesionándose, y testimonios de presuntas víctimas sacados de redes sociales. Asimismo mostraron en público imágenes de los hijos menores de Ferrer sin el consentimiento de sus padres.
