Altos representantes de los regímenes de Cuba y Venezuela se reunieron en La Habana este fin de semana para coordinar acciones conjuntas, según sugieren los reportes de la prensa subordinada al Partido Comunista de la isla.
El presidente designado por el general Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel recibió a la vicepresidenta ejecutiva Delsy Rodríguez Gómez, a la cabeza de una delegación chavista. Según la televisión estatal cubana, intercambiaron sobre el “excelente estado de las relaciones bilaterales” y abordaron “temas de interés” para ambos regímenes, relacionados con la “situación nacional e internacional”.
Díaz-Canel ratificó el “invariable” apoyo de su gobierno al chavismo, mientras que la vicepresidenta de Maduro criticó que se incluyera al castrismo en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y el aumento de sanciones contra la dictadura, por parte de Estados Unidos.
A la funcionaria la acompañaron otros apoderados de importancia para Cuba, sobre todo en el marco de la actual crisis, como Asdrúbal Chávez, presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
Además, anunciaron la conformación de un “Observatorio binacional para hacer frente a las medidas coercitivas” de Estados Unidos, según el periódico oficialista Juventud Rebelde.
Los chavistas presentaron en La Habana su Ley Antibloqueo, aprobada en octubre del año del 2020 pasado para intentar evadir las sanciones de Estados Unidos.
Según la vicepresidenta Rodríguez, ambas dictaduras “están compartiendo ahora información relevante sobre las sanciones” contra ellas. Ante una pregunta acerca de las expectativas del régimen con el próximo presidente Joe Biden, repitió las palabras de Nicolás Maduro: “no esperemos nada de Estados Unidos”.
¿Ley Antibloqueo o pro corrupción?
Según Juventud Rebelde, establece un marco normativo especial que proveerá al régimen venezolano de “las herramientas jurídicas que buscan contrarrestar, mitigar y reducir los efectos nocivos” generados por las medidas contra ese país por EE.UU.
La Ley autoriza la “confidencialidad” para hacer negocios con inversionistas internacionales, y que serían sujetos de sanciones por Estados Unidos
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ADN Cuba informó cuando la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por diputados chavistas, aprobó la llamada “Ley Antibloqueo” que en realidad otorga a Maduro, potestad para desoír, bajo confidencialidad, normas legales para hacer frente a las sanciones económicas impuestas a su régimen.
Según el artículo 19, “cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños (de las sanciones)” el Ejecutivo procederá a “inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente”.
Este supuesto blindaje “antibloqueo” otorga también facultades al Ejecutivo para la “celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios” para la protección de activos nacionales, así como para “impedir o revertir actos o amenazas” que atenten contra las riquezas del gobierno.
La ley, además, declara “secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas” que impliquen inaplicación de normas, lo que prohíbe, ahora formalmente, el control legislativo del Ejecutivo y que los ciudadanos conozcan en tiempo real cómo se manejan dineros públicos.
Esta confidencialidad se deberá mantener “hasta 90 días posteriores al cese” de las sanciones o circunstancias que hayan “propiciado la situación”.
La única auditoría contemplada queda en manos de la Contraloría General de la República, que podrá solicitar al Ejecutivo algún reporte y, en menor medida, el Poder Judicial podrá “tramitar solicitud” de acceso a estos expedientes, pero por medio de la Contraloría.
Algunos dirigentes del chavismo que han sido críticos con el Gobierno en los últimos años han rechazado este proyecto de ley al considerar que “convalida la entrega del país”, o al menos así lo expresó en Twitter Rafael Ramírez, quien presidió Pdvsa durante más de 10 años.
En su momento Maduro aseguró que la legislación fue consultada con todas las autoridades regionales y municipales pero el gobernador del estado Anzoátegui, el opositor Antonio Barreto Sira, dijo a Efe que ni él ni los otros tres gobernadores contrarios al chavismo fueron tomados en cuenta en este proceso.
