“¿Cuál es el problema con los animales?”, se pregunta mucha gente ante la reticencia del gobierno cubano a aprobar una ley de protección y bienestar animal. Nadie entiende por qué rechazar un proyecto que traería al país muchos más beneficios que problemas. En primer lugar por la justicia del reclamo, pero además, porque una legislación de esta naturaleza se ajusta al discurso del “socialismo próspero y sostenible”, y significaría para Cuba un golpe favorable de imagen ante la comunidad internacional, a la par que atendería un reclamo de una parte importante de la población.
Pero no solo es que ignoran el reclamo, también es que combaten y entorpecen cualquier iniciativa independiente al respecto. Prueba de ello son la reciente suspensión de la jornada festiva de recaudación de fondos para la protección de animales callejeros “El Perreo”, la negativa al activista villaclareño Javier Larrea para la realización de una marcha en favor de los derechos de los animales y la sustitución del funcionario del gobierno del municipio Plaza de la Revolución que otorgó el permiso para la caminata en La Habana del 7 de abril de 2019, por solo citar los ejemplos más recientes en el vía crucis de los protectores de animales cubanos, que han tenido que ganar con mucho esfuerzo y persistencia los pocos espacios que han conseguido.
¿Cuál es el problema entonces con la protección y el bienestar de los animales en Cuba?
En muchos países del mundo, este tipo de legislaciones también encuentran escollos, fundamentalmente por motivos económicos. Provienen por lo general de empresas a las que estas leyes les provocarían gastos adicionales o la prohibición de algunas de las actividades que realizan, por lo que emplean recursos para la realización de lobby político que las entorpezcan.
En el caso específico de Cuba, una parte importante de la crueldad animal se concentra en las granjas de cría y ceba (muchas de ellas de propiedad estatal) donde las especies para el consumo humano suelen vivir en condiciones de hacinamiento, poco saludables, sometidas a maltratos y sacrificadas con técnicas que provocan mucho sufrimiento. Por otra parte, también existen empresas del gobierno cubano que lucran con negocios que incluyen prácticas de maltrato animal. Los casos icónicos, aunque no los únicos, son los cotos de caza y las peleas y exportación de gallos de lidia, regenteados por la Empresa Cubana de Protección de la Flora y la Fauna, bajo la dirección del Comandante de la Revolución Guillermo García.
Estas son causas de peso, pero tal vez no sean las decisivas, ya que el gobierno pudiera apostar por una legislación limitada en la definición del maltrato animal o circunscrita a animales domésticos (como ha ocurrido en otros países), de forma tal que no afecte las actividades antes mencionadas. Los reclamos de los protectores cubanos y la sociedad en general se encuentran enfocados fundamentalmente en los animales de ciudad (perros, gatos y caballos), por lo que una ley, aun con esas limitaciones, sería vista por muchos como un logro y motivo de celebración.
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Sin embargo, ni a ese nivel el gobierno ha mostrado disposición para dar luz verde a algún tipo de iniciativa legal, porque la verdad es que el tema no constituye una preocupación ni una prioridad para ellos. Así de sencillo. Como le dijo un funcionario hace un tiempo a un activista: tenemos demasiados problemas de las personas como para preocuparnos por los de los animales. En este sentido, cualquier erogación de recursos, aún cuando no sean considerables, constituye un gasto, en el sentido peyorativo de la palabra.
No obstante, eso no es suficiente para explicar el entorpecimiento a actividades de la sociedad civil que no implican ninguna carga para el Estado y que ni siquiera buscan desafiarlo. ¿Por qué una caminata resulta peligrosa? ¿Por qué una jornada festiva de recogida de fondos para animales callejeros se suspende sospechosamente por “problemas estructurales” en el local donde se realizaría? En la respuesta a esas preguntas está una de las claves a la interrogante planteada al inicio del texto.
El problema no está en el tema de los animales, sino en el hecho de que un grupo de personas se reconozca, asocie, organice y movilice fuera de “los canales establecidos” por el Estado. Sirva de ejemplo el tema de los derechos LGBTIQ, que son legítimos cuando se reclaman desde el marco institucional del CENESEX, pero que exigidos fuera de este de manera independiente, son acciones de la mafia “miamense-matancera”.
No importa la causa, el tema, el objetivo. El asunto es que si se va de los estrechos márgenes del control estatal se convierte en un problema, porque las redes de confianza y acción que se generan sin la supervisión del Estado son el germen —aún cuando no se tenga conciencia de ello— de una sociedad capaz de organizarse para encarar a quienes la dirigen cuando siente que estos no responden a sus intereses o que sencillamente no lo están haciendo bien. Y esa sensación de poder, de libertad, es difícil de apaciguar una vez que se experimenta, y lo peor, es que suele ser contagiosa.
El problema no son los animales, sino el temor a una rebelión en la granja.
*Este es un artículo de opinión. Los criterios que contiene son responsabilidad exclusiva de su autor, y no representan necesariamente la opinión editorial de ADN CUBA.
