Asociarse en Cuba: una problemática pendiente

Armando Chaguaceda y Johanna Cilano discuten sobre el fenómeno asociacionista en Cuba, al cual describen como una problemática pendiente, llena de conflictos entre Estado y sociedad civil
La ANPP deberá aprobar la ley de asociaciones en julio de 2022
 

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Por Armando Chaguaceda & Johanna Cilano

Introducción

En diciembre de 2019, el parlamento cubano aprobó un cronograma donde se establecen los plazos y cambios legislativos derivados del proceso constituyente, y de los Lineamientos de la Política Económica y Social. Según informó el legislativo cubano, hasta 2028 deberán aprobarse 107 nuevas normas jurídicas, entre las que se encuentra la largamente reclamada Ley de Asociaciones -marcada para julio de 2022- que deberá regular las formas asociativas y su funcionamiento. 

Las referencias al derecho de asociación en la nueva Constitución, aprobada en febrero de 2019, siguen siendo escuetas y restrictivas, dejando a la legislación posterior total libertad y flexibilidad para mantener las actuales limitaciones al mundo asociativo en la isla. En su artículo 14, el Estado reconoce y estimula las organizaciones sociales y de masas que contribuyen al desarrollo de la sociedad socialista; y en su formulación final solamente señala que la ley reconoce el desempeño de «demás formas asociativas». El artículo 56 regula los derechos de reunión, manifestación y asociación, limitando su ejercicio al respeto del orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley. 

Un poco de historia

En días pasados, un oportuno editorial del think tank "Convivencia" resumió memoria, balance y perspectiva sobre el protagonismo de esa parte (creciente) de la nación cubana que persiste en su "derecho a tener derechos"1.  Al leerlo, nos percatamos de la necesidad de ubicar en tiempo y contexto el arduo camino transitado por los hombres y mujeres que, desde la diversidad de temáticas, identidades, filosofías, historias de vida y modos de organización y acción, han apostado a expandir el tejido social en un país donde los todopoderosos Derechos del Estado han sustituido, demasiado y por demasiado tiempo, las prerrogativas ciudadanas características de un Estado de Derecho, básicamente ausente. 

Para esa comprensión de ausencias y barreras, nada tan ilustrativo como contrastar el desempeño de la sociedad civil de Cuba con el de los países vecinos. Cuando graficamos con los datos generados por V-Dem2  la trayectoria histórica de los ciudadanos autónomamente organizados de la mayor de las Antillas con sus homólogos de Costa Rica y República Dominicana -dos sociedades caribeñas, comparables en la juventud de sus naciones, así como en el tamaño de sus economías y sociedades- los resultados son los siguientes: 

 

Los años 90 abrieron un incipiente espacio de discusión y activismo sobre la sociedad civil en Cuba. La crisis derivada de la caída del socialismo en Europa del Este y la desintegración de la URSS fue el escenario para que actores sociales alcanzaran cierto protagonismo en la sociedad cubana. Dicha situación estuvo relacionada con la oferta de servicios y bienes deficitarios -como la alimentación urbana, la educación comunitaria, el cuidado ambiental y la reparación de viviendas populares- impulsados por intelectuales reformistas y con el protagonismo de varios pastores cristianos identificados con el gobierno. Por otro lado, la necesidad de recursos económicos y la subvención de actividades que tradicionalmente realizaba el Estado, facilitó la vinculación de sus instituciones con agencias de cooperación extranjeras -mayormente europeas-, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y diversos programas internacionales y regionales. Ser sociedad civil se puso, en ciertos círculos, de moda. Una moda vivida, debe decirse, entre el permiso y la incertidumbre. 

Desde entonces, buena parte del debate sobre el fenómeno asociativo en Cuba ha estado centrado en la existencia -o no- de una sociedad civil digna de ese nombre, así como en las características y legitimidad de los distintos actores que la conforman. De tal suerte, conceptos como «verdadera sociedad civil» o «sociedad civil socialista», definidos en función de la lealtad política y el reconocimiento legal del Estado, han estado presentes en el discurso oficial desde la segunda mitad de los noventa. Pese a la existencia de una Cuba cada vez más plural e ideológica y sociológicamente diversa, la balanza ha tendido a moverse restrictivamente ante cualquier organización social que opere bajo criterios de autonomía. 

Unas pocas asociaciones de identidad más oenegenera, junto con las organizaciones de masas, las organizaciones socio-profesionales, las fundaciones, y las organizaciones de inspiración religiosa, conforman la sociedad civil hoy legalmente reconocida por el Estado cubano. La vigente Ley de Asociaciones cubana -Ley No. 54 de 1985- que regula el espacio asociativo cubano y establece la existencia de asociaciones civiles, es anterior a la caída del Muro de Berlín. Dicha legislación subordina la existencia de un interés estatal, previo y superior, para otorgar la aprobación a un grupo de ciudadanos que quieran asociarse bajo los fines legales establecidos; establece un número inusitadamente alto de interesados para conformar una asociación y prohíbe la existencia de organizaciones con fines y objetivo iguales: de ahí que no puedan existir dos o más asociaciones de mujeres, de abogados o de defensores de los animales. Monismo representativo inexplicable según los estándares asociativos de nuestra región y, en sentido amplio, de Occidente. 

Los procedimientos legales de aprobación y existencia para las asociaciones civiles son un camino escabroso, que puede incluso llevar años para la resolución de un caso. Otra peculiaridad de la regulación actual de las asociaciones es la existencia de una relación de coordinación y colaboración, devenida en la práctica en subordinación y control de las asociaciones, con su «órgano de relación» -la institución de gobierno que da el aval para su constitución. Desde 1997 prácticamente ninguna nueva asociación cubana ha sido reconocida, salvo casos excepcionales de centros de matriz religiosa y otros ligados a agendas del gobierno. La fecha antes señalada no es casual: ese año marca el fin del período de tolerancia por omisión -noción aportada por el sociólogo Haroldo Dilla- que favoreció el florecimiento de una sociedad civil algo más independiente, alineada con los estándares de la cooperación para el desarrollo y portadora de niveles de profesionalización y trabajo equiparables al de ONG internacionales.

Los retos del presente

Con esos antecedentes como trasfondo, la necesidad de una reforma de la Ley de Asociaciones o la aprobación de una nueva ley es un tema largamente señalado por los miembros de la sociedad civil cubana, académicos y expertos. Pero los proyectos presentados por las autoridades han tendido a condiciones de mayor restricción, sin generar el necesario debate sobre los contenidos y alcances del derecho de asociación, así como del sentido que tiene la reconstrucción de la sociedad civil cubana. 

La ineludible reflexión para los actores sociales hoy y el reto para el legislador serán, poner en discusión la necesidad de reconocer los dos principios teóricos constitutivos de la sociedad civil: la pluralidad y la autonomía. Porque la sociedad civil cubana del presente no se define por un reconocimiento legal, que ha quedado obsoleto para revelar la diversidad de actores y motivaciones que mueven a la ciudadanía cubana. La emergencia de colectivos, medios alternativos de comunicación, blogs, proyectos culturales, y la mayor visibilidad de grupos y organizaciones que se definen como opositoras hoy es reconocida incluso por la prensa oficial y los actores de gobierno. 

Durante lo que va del presente año (enero-marzo de 2020) desde este medio se ha dado cobertura a diversas aristas del asocionismo y movilización autónomos de la ciudadanía cubana. Estos abarcan desde la criminalización del arte libre -con un hito en el encarcelamiento y amenazas de juicio sumario contra Luis Manuel Otero Alcántara3 -, pasando por la céntrica protesta de casi un centenar de cuentapropistas en Villa Clara4, las reivindicaciones de los defensores de los animales, los reclamos del habitantes de zonas populares denunciando déficits de su hábitat5  y la profesional cobertura mediática -con reportajes de investigación incluidos- del joven periodismo alternativo emergente, paradójicamente sancionado por su encomiable labor6.  

Lo sucedido en este trimestre es resultado del accionar y los aprendizajes, acumulativos y fragmentados, de años anteriores7. Movimientos como el LGBTTI y de defensa de los animales, por solo mencionar algunos, han puestos en tensión los tradicionales calificativos, canales y tratamientos para la representación y exigencia de derechos. Los expedientes de represión a centros de pensamiento -como Cuba Posible o el propio Convivencia, arriba mencionado-, de presiones a micromovimientos juveniles o ambientalistas o la franca proscripción de colectivos y proyectos artísticos, como el Movimiento San Isidro o INSTAR, acaecidos en los últimos años, muestran la contradicción entre una sociedad más viva y diversa y un orden político-legal enfocado en el control vertical y la anulación de lo emergente. 

Promover el asociacionismo autónomo en la Cuba actual pasa por reivindicar toda forma de expresión colectiva que integre voluntades para el desarrollo de agendas y espacios ciudadanos. Ello no supone oposición irreflexiva y mecánica a la acción gubernamental -experiencias como las de la actual pandemia muestran que las comunidades organizadas pueden ser un eficaz aliado de la acción pública8 - pero sí el ejercicio responsable de la autonomía civil. Ello implica un marco normativo que reconozca la pluralidad creciente y manifiesta de la sociedad cubana; con instituciones y leyes que aúpen -sin el excesivo tutelaje estatal- la libertad popular para asociarse, en los diversos fines que la convivencia propicia. Lo opuesto a perpetuar una exclusión que, en nombre de supuestos ideales revolucionarios, hipoteca la vitalidad y el futuro de la nación cubana.

Notas:

1. Ver https://centroconvivencia.org/convivencia/editorial/11476/editorial-74-cuba-la-hora-del-protagonismo-la-sociedad-civil

2. El proyecto V-Dem es una iniciativa conjunta del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y el Kellogg Institute en la Universidad de Notre Dame (USA). Con más de 50 especialistas principales/regionales y alrededor de 3000 expertos nacionales, V-Dem genera una robusta base de datos actualizada anualmente que mide siete formas de democracia -electoral, liberal, participativa, deliberativa, igualitaria, mayoritaria y consensual- y reconstruye su trayectoria desde 1902 al presente. 

3. Ver https://www.youtube.com/watch?v=9DbupuaIDpY&feature=youtu.be y https://adncuba.com/noticias-de-cuba/derechos-humanos/esto-sigue-regimen-libera-luis-manuel-otero-alcantara

4. Ver https://www.youtube.com/watch?v=rgdGo2RzVNw&feature=youtu.be

5. Ver https://www.youtube.com/watch?v=89O0-cbQm00&feature=youtu.be

6. Ver https://adncuba.com/noticias-de-cuba/imponen-multa-de-120-dolares-periodista-independiente-monica-baro

7. Ver https://www.ipscuba.net/sociedad/2019-del-activismo-digital-a-la-accion-ciudadana/

8. Ver https://www.ipscuba.net/sociedad/mas-redes-voluntarias-contrarrestan-la-covid-19-en-cuba/ y https://diariodecuba.com/cuba/1588071041_17665.html

Escrito por Armando Chaguaceda

Politólogo e Historiador, en la disputa por un mundo más libre y justo