Con los incrementos de precios de su “Tarea Ordenamiento”, el régimen no sólo está exponiendo a pensionados, jubilados y ancianos a una situación de mayor vulnerabilidad y dependencia económica de sus familiares, sino que también está penalizando hasta la muerte y los gastos de ella derivados.
Muestra de ello son las tarifas que el sector estatal de Transporte cobrará a los familiares de los fallecidos para su traslado al cementerio, mismas que pueden ascender a 600 pesos cubanos, cerca de 30 dólares al cambio oficial.
Según un reporte del oficialista Sierra Maestra, que destaca que “las nuevas gestiones económicas y organizativas para el sector del transporte, en Santiago de Cuba, mantienen el apoyo a los servicios funerarios”, los dolientes tienen la posibilidad de contratar un auto (taxi) de hasta cuatro capacidades para el traslado de familiares del fallecido hacia el cementerio, lo que podrá variar en dependencia del número de plazas que sea requerido.
“Quienes necesiten mover una cantidad superior de personas, pueden solicitar un ómnibus con capacidad de 30 asientos y hasta 75”, explicó Jaime Cordorniú Furet, delegado provincial del Transporte, al referido medio.
“En este caso el valor será de 10 CUP por persona sentada, y hasta 15 de pie sin costo alguno. Por tanto, estamos hablando de que, en el menor de los casos, sumarían 300 CUP por el traslado, la espera, recogida, y retorno, siempre dentro de la ciudad”, detalló el funcionario.
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Sin embargo, para destinos fuera de la urbe, agregó, el precio ascendería hasta 600 CUP, mientras que en los municipios el servicio costará 150 CUP para hasta 30 personas y 200 si se supera esta cifra.
“Realmente, no es un servicio sostenible para nosotros, pero lo tenemos por la comodidad de quienes lo soliciten”, afirmó Cordorniú, que si bien tiene razón al decir que no es un servicio rentable por el valor cuasi nulo de la moneda cubana, omite analizar que nominalmente los precios son elevados en comparación con los salarios de la isla, tan insuficientes como antes de su reciente aumento por la desproporcionada elevación de los costos de servicios básicos, alimentos y trámites legales.
“Estas prestaciones permanecen dentro de las posibilidades que ofrece la Dirección Provincial de Transporte en el territorio. A decir de su máxima representación, no resulta rentable para el sector por el gasto de combustible que conlleva, pero sí factible para el pueblo. Su permanencia dependerá, en gran medida, del número de solicitudes que tenga y la disponibilidad técnica a la hora de hacerlo”, sostiene el Sierra Maestra queriendo pasarles gato por liebre a sus lectores, mismos que ya saben que, incluso después de muertos, tendrán que seguir lidiando con precios irrespetuosos de salarios y pensiones.