El Legislativo cubano elaborará 39 leyes y 31 decretos leyes hasta 2023, un número record de proyectos legislativos en tan corto periodo de tiempo para un Legislativo que sesiona muy pocos días al año.
Además de las 70 normativas planificadas para la actual legislatura, hasta abril de 2023, la Asamblea Nacional del Poder Popular prevé que otras 24 sean sometidas a su consideración en una segunda etapa, de 2023 a 2028. No solo se crearán nuevas normas superiores, también se modificarán algunas de las vigentes, cuya hoja de ruta publicó la Gaceta Oficial el 13 de enero.
Todos los organismos de la administración central del Estado formarán grupos para diseñar un cronograma interno de trabajo que regirá la elaboración de las leyes. Para agilizar la labor, la Asamblea tiene previstas dos sesiones extraordinarias en los meses de abril y octubre, pues este órgano es el único que tiene la atribución de aprobar, modificar o derogar las leyes.
Las leyes y decretos leyes son el paso siguiente para que entre en funcionamiento la Constitución aprobada en 2019. También precisarán asuntos pendientes de los llamados “lineamientos” del VII Congreso del Partido Comunista y las propuestas legislativas realizadas por los órganos del Estado para el cumplimiento de sus funciones.
El 55,7 % de las normas que se pretenden emitir en lo que resta de legislatura (39) serían normas derivadas de los Lineamientos, el 40 % derivadas de la Constitución (28) y el 4.3 % propuestas por organismos de la administración central del estado.
Si bien habrá cambios en muchas leyes anteriores, “las que desarrollan derechos, deberes y garantías de los ciudadanos, o regulan la composición e integración de los órganos superiores, serán sagradas y no podrán ser modificables por decretos-leyes”, explicó José Luis Toledo, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento.
En diciembre, medios independientes tuvieron acceso al cronograma de la Asamblea, que se filtró a la prensa, como ya publicó ADN Cuba.
Entonces se supo que en octubre de 2020 irá a discusión un nuevo procedimiento Civil, Laboral y Económico. En abril de 2022, se espera una ley de Empresas, cuya redacción ha sido encomendada a la Comisión de Implementación y Desarrollo, dirigida por Marino Murillo; en julio de ese mismo año, una nueva ley de Asociaciones, que actualizaría la aprobación y funcionamiento de las formas asociativas en el país.
Así mismo, el cronograma declara que en septiembre del 2021 se aprobará un decreto-ley que creará un nuevo organismo de la Administración Central del Estado. Dicho organismo estará destinado a “rectorar la actividad de la Comunicación Social”. Una vez constituido, se prevé que durante la próxima legislatura (2023-2028) se regule, también mediante decreto-ley, el derecho constitucional de libertad de prensa.
