Yanaisy Curbelo, la madre del adolescente preso político Brandon David Becerra Curbelo fue detenida por agentes de la Seguridad del Estado, que ocuparon su teléfono para intentar obtener información sobre las ayudas a las madres del 11J.
Un mensaje de voz de Curbelo, al que ADN Cuba tuvo acceso, aclara que fue arrestada en medio de la calle cuando transportaba seis botellas de refresco.
“Me preguntaron dónde los había comprado. Fue en una MLC pero no guardé el comprobante. Me llevaron para la unidad y dijeron que si yo estaba comprando para revender. Hasta me quitaron el teléfono, ya veo que hablaron hasta contigo”, refirió Curbelo en conversación con el opositor Carlos Ernesto Díaz González (Ktivo Disidente).
Díaz González denunció la ocupación del teléfono de Curbelo en un video. Sostuvo que quienes escribieron después desde el teléfono de Yanaisy querían saber dónde ella recogería insumos para llevarle a Brandon, y otros detalles en referencia a la ayuda que la sociedad civil presta a las familias de los presos políticos.
Becerra Curbelo fue arrestado por su participación en las protestas del 11 de julio cuando aún tenía 17 años. Cumplió la mayoría de edad en prisión, y fue condenado a 13 años de privación de libertad a pesar de que su petición fiscal era de cinco años sin internamiento.
En septiembre último, autoridades cubanas negaron un cambio de medida a favor de Becerra Curbelo.“El cambio de medida de mi hijo fue denegado. Sin visitas (…) solo ellos tienen la última palabra. La libertad de mi hijo está en manos de Dios”, declaró entonces su madre en redes sociales.
Becerra Curbelo pertenece al grupo de manifestantes que protestó en la Esquina de Toyo, en el municipio capitalino Diez de Octubre. El 17 de marzo se hicieron oficiales las condenas para ese grupo, y también para el que se manifestó en la Güinera. Algunas penas alcanzaron los 30 años de cárcel.
Una publicación del Tribunal Supremo Popular expresa que solo un acusado, Nayn Luis Marco Molinet, “fue absuelto por el tribunal por no demostrarse su participación en los hechos”.
Luego de celebrarse los juicios de Toyo y La Güinera entre diciembre de 2021 y febrero del presente año, las sanciones fueron impuestas por los delitos de “hurto” y “sedición”. El Tribunal Provincial Popular de La Habana justificó su rigor con los manifestantes basándose en la acusación de “cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”.
La mayoría de las condenas superan los 10 años de prisión. En los casos de Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven ascienden a 30 años, mientras que para Wilmer Moreno Suárez serían 26 años tras las rejas.
El joven Walnier Ruiz Aguilar, cuya familia denunció que padece discapacidad intelectual, fue condenado a 23 años.
El tribunal del régimen aseveró que, en el municipio de Diez de Octubre, los manifestantes actuaron “obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior” e “intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta”.
