Cinco Relatorías de Naciones Unidas: la de reunión pacífica y de asociación, de la detención arbitraria, de las desapariciones forzadas o involuntarias, de la libertad de opinión y de expresión y de la tortura enviaron una carta acusatoria al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel condenando la represión del 11 de julio anterior, reveló la ONG Prisoners Defenders (PD).
La misiva estuvo firmada por Clement Nyaletsossi Voule, relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Miriam Estrada-Castillo, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Tae-Ung Baik, presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Irene Khan, relatora Especial sobre la pron1oción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y Nils Melzer, relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Los relatores de la ONU reconocieron que el 11 de julio el régimen de La Habana comenzó a "utilizar fuerza de manera excesiva, incluida la violencia física, entre ellas para ingresar personas en vehículos policiales. Adicionalmente fueron golpeadas personas periodistas que cubrían la manifestación".
Señalaron que Díaz-Canel realizó un llamado al enfrentamiento entre cubanos.
Los funcionarios de la ONU recordaron la represión desplegada el 12 y 13 de julio, 'con el fin de detener las marchas pacíficas', agregan.
El corte de internet durante varios días también fue mencionado por la ONU.
"El 11 de julio de 2021, aproximadamente a las 15 horas, el servicio de internet en los móviles fue supuestamente cortado y las llamadas comenzaron a mostrar inestabilidad; ello resultó en un «apagón» digital de varias horas que impidió a la población recibir información sobre la situación en el país. La organización sobre seguridad y derechos digitales NetBlocks confirmó la interrupción parcial de las redes sociales y las plataformas de mensajería en Cuba del 11 de julio de 2021 lo cual habría seguido vigente hasta el jueves 15 de julio".
Los relatores de la ONU manifestaron preocupación por el llamado de Díaz-Canel a detener las protestas populares al costo que fuera necesario.
"Se recuerda al Estado que solo se debería desplegar a agentes del orden capacitados en la vigilancia de las reuniones, en particular sobre las normas pertinentes de derechos humanos, con ese fin. La capacitación debería concienciar a los funcionarios sobre las necesidades específicas de las personas […] cuando participan en reuniones pacíficas. No se debería utilizar a militares para vigilar las reuniones, pero si en circunstancias excepcionales y con carácter temporal se despliegan como apoyo, deben haber recibido una capacitación adecuada en materia de derechos humanos".
Para concluir los relatores explican que de confirmarse estos hechos, El Estado cubano contravendría numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos.
"Cada detención debe ser registrada. Además, el paradero de cada persona detenida debe ser revelado y sus familiares y representantes legales informados de ello".
El 11 de julio de 2021 miles de cubanos salieron a las calles de todas las provincias del país para exigir la renuncia de Díaz-Canel y el respeto a los derechos humanos. El medio Inventario documenta más de 270 protestas ese día.
Prisoners Defenders registró en los últimos 12 meses 525 presos y condenados políticos en Cuba. Hasta la fecha reportan 442 casos de presos políticos activos.
De estos 442 casos, 288 casos pertenecen a la represión relacionada con el 11J en Cuba.
*Foto: Vozpopuli
