La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe de país “Situación de Derechos Humanos en Cuba”, en el cual presenta un panorama general de la situación de derechos humanos en el Estado cubano durante el periodo 2017 a 2019.
En el documento se reconoce “la falta de participación política y elecciones libres por la persistencia de un partido único; así como, la falta de disposiciones para asegurar la separación de los poderes, mediante una Asamblea Nacional que sigue detentando varias potestades, y la falta de condiciones que brinden garantías para la independencia judicial”.
Mediante un Comunicado de Prensa, la Comisión precisó que desde hace 37 años la CIDH no elaboraba un informe de país bajo el artículo 60 de su Reglamento. Ante la falta de anuencia del Estado cubano para poder realizar una visita de observación y por la preocupante información recibida sobre la grave situación de derechos humanos en ese país, la CIDH hace públicos los resultados obtenidos y presenta recomendaciones dirigidas al gobierno cubano con el fin de promover políticas públicas que garanticen los derechos en democracia.
En el informe, la CIDH reconoce la situación de especial riesgo que enfrentan algunos grupos, en particular las personas defensoras de derechos humanos, activistas y opositores, quienes son víctimas de detenciones arbitrarias de corta duración, procesos de criminalización y persecución judicial; así como, de constantes restricciones de viajes internacionales, o castigos a su regreso al país. Se subraya además, que “persiste la falta de condiciones que brinden garantías para la independencia judicial”.
La Comisión destaca “la inexistencia de espacios plurales de participación política” y reconoce que “la existencia de un régimen de partido único constituye una seria restricción a la participación de las personas con convicción política diferente para participar en los asuntos públicos y cargos representativos”.
Se refiere también que “autoridades como la Asamblea Nacional del Poder Popular siguen dotadas de amplias facultades para la toma de decisiones públicas que desdibujan los elementos característicos de un sistema de separación de poderes”.
La CIDH enfatiza que “Cuba sigue siendo el único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y mantiene su preocupación por las graves afectaciones a la libertad de opinión, expresión y difusión”.
Sobre las violaciones, graves y sistemáticas de los derechos humanos en la isla, la CIDH refiere su preocupación “por las graves afectaciones a los derechos políticos como al sufragio y a la participación en el gobierno, al derecho de residencia y tránsito, a la protección contra la detención arbitraria. El ejercicio de los mismos estaría limitado por un ejercicio autoritario del poder, en el que los disidentes políticos o quienes sean percibidos como tales encuentran constantes restricciones a sus derechos”.
La Comisión presenta abundante información que evidencian los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y analiza la situación que enfrentan algunos grupos en situación de vulnerabilidad como: “la invisibilización de las personas afrodescendientes, la discriminación y violencia contra mujeres y personas de la comunidad LGBTI, la situación de niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad, restricciones al ejercicio pleno al derecho de circulación y residencia tanto al interior del país como al exterior, y la persistencia de condiciones deplorables de detención de las personas privadas de la libertad”.
Adicionalmente, manifiesta su preocupación al analizar el goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En el informe, la Comisión analiza detenidamente el proceso de reforma constitucional; reconoce la inclusión de varios derechos humanos y garantías en la Constitución, pero resalta “la importancia de su efectiva implementación”.
“La CIDH observa con preocupación la jerarquía que se le otorga a la Constitución por encima de los tratados internacionales. El proceso de reforma constitucional representó además una oportunidad única para proscribir la pena capital como sanción penal, pero ésta no fue contemplada y si bien no está proscrita per se en la Declaración Americana, la Comisión ha indicado que eso no exime a los países de los estándares y protecciones de la Declaración”, se señala en el documento.
Finalmente, la CIDH manifiesta al Estado cubano su disposición para brindar el apoyo técnico que sea necesario a efectos de promover el goce efectivo de los derechos humanos para todas las personas en la isla.
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Para la elaboración del informe, la CIDH sistematizó y analizó la información recibida respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba entre el 2017-2019. La Comisión validó las investigaciones realizadas de oficio, las elaboraciones provenientes de los diferentes mecanismos a través de los cuales la CIDH ha dado seguimiento a la situación en el país tales como audiencias públicas, medidas cautelares; peticiones y casos; notas periodísticas, incluyendo la prensa oficial cubana, decisiones y recomendaciones de organismos internacionales especializados, entre otros.
En particular, el informe incluye la información obtenida de 55 entrevistas a personas cubanas que habitan o han vivido en la isla en algún momento de los últimos tres años, según se detalla en el Comunicado de Prensa.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Desde 1960 hasta 1983 la CIDH publicó siete informes de país. Desde 1985, la CIDH ha incluido a Cuba en el Capítulo IV B de su Informe Anual por considerar que en el país no existen los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa, no hay independencia judicial, existen limitaciones a la separación de poderes y se registran constantes restricciones al ejercicio de los derechos políticos y a la libertad de expresión, además de violaciones graves, masivas y sistemáticas a derechos enunciados en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre.
