El historiador Leonardo Manuel Fernández Otaño renunció este jueves a dar clases en cualquier institución oficial de Cuba, en protesta contra las condenas de hasta 30 años de cárcel decretadas por el régimen comunista contra los manifestantes antigubernamentales del verano pasado.
“Renuncio de modo público en gesto de solidaridad con los presos políticos y en consonancia con mi opción preferencial por los más pobres: a mi categoría docente”, expresó el joven, también laico católico, en sus redes sociales.
Fernández Otaño publicó una fotografía en la que se ve destruido su certificado de docente otorgado en 2019 por la rectoría de la Universidad de La Habana, y una imagen de la patrona de Cuba. “Presento a mi madre la Santísima Virgen de la Caridad la vida de estos jóvenes detenidos. Bien sé que Ella, llora hoy en el altar del Cobre”, afirmó.
“Bajo ninguna circunstancia seré cómplice de esta injusticia, que encierra a menores de edad, hijos, padres, madres y roba sueños. No puedo a quedarme de brazos cruzados si encierran a mis futuros alumnos, conciudadanos o hermanos en la fe”, escribió.
Leo Fernández Otaño renunció “a lo más querido y con ello a toda posibilidad de docencia en los espacios oficiales, pero seguiré con la frente en alto porque nunca seré cómplice de este crimen, de este teatro político de mal gusto”.
El historiador recordó que estuvo entre los manifestantes del 11 de julio de 2021 en La Habana. “No puedo callar ante la injusticia, ningún intelectual comprometido con la realidad puede virar el rostro”.
Según el profesor, “girar la cara ante esta abominación nos convierte en seres sin alma y vacíos. Recordar a esos que callan o que están encerrados en la soberbia, que mañana pueden ser sus hijos los encarcelados, que mañana pueden ser sus hijos los emigrados”.
Leonardo Fernández Otaño dijo “a los presos políticos y sus familias sepan que mi hombro seguirá a su lado a pesar de todas las renuncias”.
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El régimen sentenció a los manifestantes de la Esquina de Toyo y La Güinera, en La Habana, a penas de hasta 30 años de cárcel, según información publicada este miércoles por el Tribunal Supremo Popular.
Solo un acusado, Nayn Luis Marco Molinet, “fue absuelto por el tribunal por no demostrarse su participación en los hechos”. En total, 128 personas fueron condenadas por las protestas del 11 y 12 de julio en los mencionados barrios, donde se produjeron choques con las fuerzas policiales tras la represión ordenada por el presidente Miguel Díaz-Canel.
Luego de celebrarse los juicios entre diciembre de 2021 y febrero del presente año, las sanciones fueron impuestas por los delitos de “hurto” y “sedición”.
La mayoría de las condenas superan los 10 años de prisión. En los casos de Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven ascienden a 30 años de cárcel, mientras que para Wilmer Moreno Suárez serán 26 años tras las rejas.
Brandon David Becerra, uno de los detenidos menores de edad, que cumplió 18 años ya encarcelado, fue sentenciado a 13 años, a pesar de que su petición fiscal era de cinco años sin internamiento. El joven Walnier Aguilar, cuya familia denunció que padece discapacidad intelectual, fue condenado a 23 años.
