El presidente de Prisoners Defenders (PD), Javier Larrondo, celebró la resolución histórica aprobada por el Parlamento Europeo (PE) sobre violaciones de derechos humanos en Cuba; son embargo, considera que no es suficiente.
"Esta resolución puede llevar a una mayor proyección de la Unión Europea a los numerosos casos de represión en la sociedad civil, pero nunca va a ser suficiente. Hay que trabajar en otros terrenos en paralelo para debilitar la capacidad de acción del régimen y en todos ellos, todos somos muy importantes", declaró este viernes a ADN Cuba.
El PE aprobó este 10 de junio por mayoría, una histórica resolución que condena las violaciones de derechos humanos en Cuba a manos del régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
El contundente documento, presentado por un grupo de eurodiputados esta semana, fue apoyado por 386 y obtuvo 236 votos en contra.
La Eurocámara condenó las condiciones de esclavitud a las que están sometidos los médicos de la Isla de misiones en el exterior, y confirma que el Acuerdo de Diálogo es violado actualmente por Cuba y por el Servicio Exterior de la Unión Europea, liderado por Josep Borrell.
"Sin duda crea una profunda reflexión en el seno del Servicio Exterior de la Unión Europea sobre la manera en la que se está ejecutando el Acuerdo de Diálogo", señaló Larrondo.
El filántropo considera que "primero, tiene una serie de exigencias sobre el diálogo con la sociedad civil, cuya misión es darle visibilidad; eso ya les protege. El Servicio Exterior debe hacer un importante esfuerzo en ese sentido. En segundo lugar, la cooperación que debe financiar a la sociedad civil y hoy no lo hace. Se malversan en sociedades estatales. Debe haber un giro en ese terreno".
Este jueves, los diputados se hicieron eco del popular lema "Patria y Vida" y el Movimiento San Isidro y sus artistas, Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y Denis Solís González, perseguidos detenidos y encarcelados, así como simpatizantes pacíficos, como Luis Robles Elizástegui, en prisión por alzar un cartel pacíficamente.
También lamentaron el creciente número de 150 presos y condenados políticos, así como de los 8.000 presos y 2.500 condenados con penas de uno a cuatro años por la peligrosidad social pre-delictiva, sin delito cometido, “para prevenir la comisión de delitos”.
