El jurista Yurisander Diéguez Méndez es uno de los jueces que condenó a largas penas en prisión a 13 cubanos tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, en la provincia de Artemisa.
El viernes 7 de enero los condenados recibieron las sentencias de hasta 12 años de privación de libertad por “desórdenes públicos”, “desacato”, “atentado” y “ultraje a los símbolos de la patria”.
A todos los procesados se les impuso penas conjuntas por varios delitos, informó el diario 14ymedio, que tuvo acceso al documento emitido el 27 de diciembre de 2021 y firmado por los jueces del Tribunal de Artemisa Yurisander Diéguez Méndez, Ernesto Amaro Hernández y Leonel Llerena Díaz.
Luis Giraldo Martínez (27 años) fue penado con 12 años tras las rejas; Yeremin Salcine Jane (31 años), con 10; Eddy Gutiérrez Alonso (24 años), 8 años de prisión; Víctor A. Painceira Rodríguez (26 años) recibió una condena de 7 años; mientras que José Alberto Pío (28 años), Iván Hernández Troya (25 años) y Yoslen Domínguez Víctores (33 años) fueron sentenciados a 6 años de privación de libertad.
A 4 años de cárcel condenaron a Javier González Fernández (34 años de edad) y Alexander Díaz Rodríguez (41 años) fue sentenciado a 5 tras las rejas.
Por su parte, Eduard Bryan Luperon (21 años) y Yurien Rodríguez Ramos (42 años) fueron sentenciados a 4 años de trabajo correccional sin internamiento; Yoselin Hernández Rodríguez (39 años) a 5 años de limitación de libertad y Leandro David Morales (23 años) a 4 años.
Durante el juicio realizado a finales de noviembre, los familiares de los acusados denunciaron la fabricación de delitos y testigos falsos.
Norges Rodríguez, director del medio independiente YucaByte, investigó y expuso en Twitter la trayectoria del juez principal Yurisander Diéguez.
Según su perfil de Facebook, estudió en la Universidad “Jesús Montané Oropesa”, del Municipio Especial Isla de la Juventud, antigua Isla de Pinos. Allí se graduó de Derecho en 2008 y fue “electo juez profesional suplente no permanente del Tribunal Especial Popular” del municipio, informó el diario estatal Juventud Rebelde.
En 2014 Yurisander Diéguez Méndez fue mencionado en una denuncia de medida represiva contra un sindicalista independiente, publicada en la revista El Pinero Libre. El jurista también ha sido profesor asistente de la universidad pinera y aparece en varias publicaciones referido como Máster en Ciencias Sociales.
En 2018 y 2019, Diéguez Méndez es mencionado en varios posts como el presidente del Tribunal Popular Municipal de Mariel, en la provincia Artemisa.
Este fin de semana fue identificada otra jueza, Dayri Roque García, expuesta en redes sociales como la responsable de condenar a varios años de prisión a cinco cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales del 11J en el municipio de Colón, provincia de Matanzas.
Dictó sentencias de entre 5 y 8 años de cárcel a los ciudadanos Francisco Rangel Manzano, Leylandis Puentes Vargas, Tania Echevarría Menéndez, César Adriam Delgado Correa y Raúl Santana López.
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Los condenados por Roque García bajo los cargos de “desórdenes públicos” y “desacato”, presuntos delitos a los que recurre el régimen en la mayoría de los casos contra participantes en las protestas, fueron víctimas de violaciones al debido proceso, tanto por parte del órgano de instrucción y la Fiscalía como del tribunal, según abogados consultados por Diario de Cuba.
Apuntaron que, al no existir delito tipificado en el Código Penal relacionado con las conductas y acciones desarrolladas el 11J, los acusados sufrían “restricciones severas y arbitrarias a la garantía de libertad que exigen artículos de la Constitución”.
Los abogados también consideraron que el tribunal encabezado por Roque García “incumplió el deber esencial de observación de la legalidad (debido proceso) y de respeto a la Constitución”. Pese a las irregularidades y violaciones, la jueza dictó sentencia contra los manifestantes.
Los cubanos recurren a las redes sociales para identificar y difundir información sobre presuntos represores y colaboradores del régimen comunista, entre ellos los miembros del sistema judicial responsables de las altas condenas políticas contra los manifestantes del 11J.
Los fiscales Luis Enrique Corcho Rosa, Dagmaris Jaca Seco, Mabel Palacios Aties, Francisco Sera Planas, Liliam Fernández Berro, Yerandy Calzadilla Dávalos; así como los jueces Maikel Santana Cabrera, Lourdes García Gómez, Elizabeth Águila Camacho, Ileana Freijes Tejera y Fernando Torriente Llovet, entre otros, han sido denunciados por procesos judiciales arbitrarios contra los participantes en las protestas del verano pasado, para quienes solicitan y dictan sentencias de hasta 30 años de prisión.
El gobierno de los Estados Unidos anunció el pasado jueves medidas contra funcionarios cubanos por las “duras e injustas sentencias” contra manifestantes del 11J, aunque no reveló nombres de los sancionados por el Departamento de Estado.
“Debido a las duras e injustas sentencias impuestas a manifestantes pacíficos, el Departamento de Estado tomó hoy medidas para imponer restricciones de visa a ocho funcionarios cubanos implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano a través de la represión, detenciones injustas y duras penas de prisión”, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en un comunicado.
