La organización no gubernamental de derechos humanos Human Rights Watch denunció al régimen cubano por las detenciones arbitrarias y las violaciones a las libertades individuales en la Isla.
Un comunicado en su sitio web oficial analiza a fondo los sucesos del pasado 30 de junio, uno de los días donde mayor despliegue policial y represión se vivió en Cuba. El gobierno, según indica el texto: “cometió numerosas violaciones a los derechos humanos para impedir protestas contra la violencia policial organizadas a fines de junio”.
El 30 de junio la sociedad civil cubana organizó una manifestación pacífica en la rampa habanera. El fin de la protesta era pedir justicia por la muerte a manos de un policía del joven afrodescendiente Hansel Ernesto Hernández Galiano, víctima de abuso policial en la capital.
Varios activistas y periodistas independientes fueron sitiados en sus hogares bajo la amenaza de que si salían serían acusados de propagación de epidemia, a muchos otros les bloquearon el acceso a internet para impedir que reportaran sobre lo que aconteciera.
Al respecto el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco dijo que “Detener arbitrariamente para impedir que la población proteste de forma pacífica es un ejemplo de las muchas medidas represivas que el régimen cubano está dispuesto a tomar para impedir que se manifiesten voces críticas al gobierno”.
“Estas medidas forman parte de un patrón general según el cual las autoridades cubanas apelan a cualquier excusa —en este caso, la pandemia— para tratar al disenso como un crimen, en vez de garantizar que las protestas pacíficas puedan transcurrir de manera segura”, argumentó.
Organizaciones cubanas por los derechos humanos comunicaron que al menos 84 personas estuvieron obligadas a permanecer en sus casas ese día o fueron hostigadas por el régimen. Se estima que unos 52 cubanos fueron detenidos con el fin de impedir la protesta.
Según refiere la publicación esta ONG logró entrevistar a 15 víctimas de acoso, y analizó los hechos mediante material multimedia publicado en redes y en sitios web. Las detenciones ese día no slo ocurrieron en La Habana sino en otras provincias cubanas como Santiago de Cuba.
“Once personas informaron a Human Rights Watch que los datos de internet de sus teléfonos celulares y su servicio de internet se vieron interrumpidos durante la mañana del día en que estaban programadas las protestas, así como el día siguiente. En otros casos, se limitaron los servicios de líneas telefónicas. Quienes intentaron comunicarse con estos números escucharon un mensaje que indicaba “el número que usted llama tiene restricción temporal de llamadas”, según trascendió a medios de prensa. Varias personas afectadas por estas medidas dijeron a Human Rights Watch y a la prensa que habían sufrido restricciones similares al acceso a internet durante protestas anteriores. Cuando sufren estas restricciones, los manifestantes piden prestados teléfonos a amigos y familiares que no son críticos del gobierno y cuyo servicio no es interrumpido, según contaron a Human Rights Watch”, explica el texto sobre los bloqueos a los teléfonos y a internet.
Human Rights Watch expresó que el gobierno cubano emplea a la única empresa de telecomunicaciones de la Isla para ejercer su poder sobre quienes piensan diferente y así viola las normas internacionales de los derechos humanos. Este año un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostenía que el acceso a internet en la isla se encuentra “seriamente obstaculizado” por la “limitada conectividad de la población cubana”, “el bloqueo y [la] censura” y “las vigilancias en la red”.
El articulo también analizó los casos de la artista Tania Bruguera, del científico cubano Oscar Casanella y del artista cubano Luis Manuel Otero, quienes sufrieron represión el 30 de junio.
