Unas 218 mujeres cubanas fueron detenidas por las protestas que estallaron en la isla el verano pasado, y de ellas al menos 68 permanecen en las cárceles, según una investigación publicada este lunes por el medio independiente YucaByte.
La mayoría de las presas políticas, condenadas a penas de hasta 20 años de cárcel, se encuentran en la prisión de Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao, en La Habana. Varias fueron acusadas de ser “sediciosas”; entre ellas Katia Beirut, Odet Cruzata y Yaquelín García, aunque no participaron en los enfrentamientos del 12 de julio de 2022 en el barrio habanero de La Güinera, donde la policía disparó contra los vecinos y manifestantes.
Katia, Odet y Yaquelín son madres que fueron separadas de sus hijos y forman parte, desde hace casi un año, de una población carcelaria que sobrevive en condiciones insalubres. Recientemente activistas cubanos y ONGs lanzaron la etiqueta #MirenLasPrisionesDeCuba, buscando que los medios extranjeros y organismos internacionales de derechos humanos presionen al régimen por el acceso a los penales.
Entre las prisioneras también están las jóvenes mellizas Lisdany y Lisdiany Rodríguez Isaac, recluidas desde hace meses en la cárcel de Guamajal, en la central provincia de Villa Clara. A mediados de este mes de junio, las hermanas se sumaron a las activistas detenidas Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro y Nidia Bienes Paseiro, para firmar una carta solicitando ayuda internacional tras ser condenadas a 8 años de privación de libertad.
“Las denuncias para sacar de prisión a todas estas mujeres presas por motivos políticos y a los 656 hombres que continúan recluidos, no solo pasan por la creencia de que estas personas salieron a las calles a hacer un uso efectivo del espacio público para manifestarse legítimamente, sino también por las condiciones de las cárceles cubanas y las huellas que dejan en quienes pasan por ellas”, escribió en YucaByte la periodista Darcy Borrero, miembro del grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J.
La reportera agrega que las últimas veces que el régimen abrió las puertas de sus prisiones a organizaciones foráneas, estas detectaron hacinamiento, malnutrición, falta de higiene, abuso de poder llegando al maltrato físico y sexual, que derivan en el padecimiento de enfermedades, incluidas las afecciones de salud mental.
Desde El Guatao, Mailene Noguera Santiesteban envió una carta en la que contó cómo fue violentada y golpeada por tres carceleros. Le halaron los cabellos y recibió una golpiza en el suelo mientras la conducían a su celda. También, según el medio citado, relató “episodios de tortura física y psicológica en las que presenció cómo a chicas menores de edad les ponían pistolas en la cabeza para amenazarlas”.
Otro caso es el de Brenda Díaz, “La Pichu”, una persona transfemenina condenada a 14 años de privación de libertad por manifestarse el 11J en el municipio Güira de Melena, de la provincia occidental Artemisa. Aunque es VIH positiva y tiene otros padecimientos, “la han violentado de muchas maneras en prisión”, asegura el reportaje de YucaByte.
Por su parte, la manifestante Lázara Karenia González, que había sido excarcelada el día 9 de abril a la espera de un segundo juicio, volvió a ser recluida. “En su caso, no se ha considerado su reciente embarazo cuando se ha ratificado la sentencia de tres años de trabajo correccional con internamiento”, explicó Justicia 11J.
“La situación de Lázara Karenia es particularmente alarmante pues, según sus familiares, todo indica que sería trasladada nuevamente a la prisión, al no existir en Cárdenas un campamento al que pueda ser trasladada, para recibir cuidados mínimamente diferenciados”.
