Al cierre de mayo, se registran en Cuba 14 nuevos presos políticos, para un total de 150, según el informe de Prisoners Defenders (PD).
De acuerdo con la ONG son cifras récord, que no se daban en el país desde la llamada Primavera Negra en 2003.
Son 12 convictos de conciencia: Maykel Castillo Pérez (Movimiento San Isidro), Delvis Sardiñas Mora (FANTU), Yuisán Cancio Vera (independiente), Luis Ángel Cuba Alfonso (independiente), Thais Mailén Franco Benítez (independiente), Esteban Lázaro Rodríguez López (colaborador de ADN Cuba), Inti Soto Romero (independiente), Orestes Varona Medina (UNPACU), Yeilis Torres Cruz (UNPACU), Roberto Perdomo Fuentes (Alianza Democrática Oriental), Carlos Alberto Álvarez Rojas (independiente) y Adrián Coroneaux Stevens (MONR).
Además, los dos nuevos condenados de conciencia son Waldo Hernández Batista (FANTU) y Cándido Chacón Puñales (UNPACU).
La organización lamenta el fallecimiento el 2 de mayo del prisionero Rafael Ramón López Oliva, de 58 años en la prisión Combinado del Este.
Según los reportes "el recluso llevaba varios días con malestar, incluso unos días antes se lo habían llevado con síntomas de coronavirus a la prisión de Iguanó, en el Cotorro, acondicionada para albergar, sin tratamiento, a reos con coronavirus del Combinado del Este y de otras prisiones", y que "a pesar de que el PCR allí le había dado positivo, López Oliva fue devuelto al Combinado del Este dos o tres días antes de morir … en tan mal estado que no reconocía a sus compañeros".
Prisoners Defenders asegura tener "la colaboración de todos los grupos disidentes de la isla y los familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar la libertad de todos los presos políticos".
Dicha organización también reconoce otros 11,000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8,400 de ellos convictos y 2,538 condenados, censados con datos oficiales a 31 de diciembre de 2019, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como "pre-delictivos".
La organización considera que se trata de un procedimiento "infame y violatorio de los más básicos principios de justicia adoptados por toda la Comunidad Internacional y explicitados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".
