Como parte de su campaña de apoyo a los detenidos por las protestas populares del 11 de julio, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) inició comunicación de trabajo con parlamentarios de todo el mundo democrático, fundamentalmente del Parlatino y del Parlamento Europeo.
Con esta iniciativa, intentan que parlamentarios comprometidos con la democracia y el respeto a los derechos humanos apadrinen en forma personalizada a quienes han sido juzgados en la Isla por manifestarse de forma pacífica.
Por su parte, el Honorable MP Chong MP, “Shadow Minister of Foreign Affairs” por la Oposición Oficial de Canadá, reunido con el CTDC, expresó no sólo su apoyo a la causa del 11J, sino que el Partido Conservador impondría sanciones individualizadas contra funcionarios del régimen de Cuba responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
El CTDC sugirió también la promoción los principios Sullivan a empresas canadienses en Cuba, para que promuevan el respeto a los derechos humanos en el país y mejoren las condiciones de vida de sus empleados.
Dichos principios son códigos de conducta, desarrollado por el predicador afroamericano Reverendo Leon H. Sullivan. Los originales Principios de Sullivan se desarrollaron en 1977 para ejercer presión económica sobre Sudáfrica en protesta por su sistema de apartheid.
Según una lista elaborada por la ONG Cubalex, más de 700 personas han estado detenidas o desaparecidas desde ese domingo de protesta, incluidos al menos 13 menores de edad.
Hasta este 2 de agosto hay 742 personas en la lista, pero el número crece constantemente.
Sin embargo, Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, declaró en conferencia de prensa que "manifestarse, lejos de constituir delito, constituye un derecho constitucional de las personas. La libertad de opinión, de prensa, de creencias, incluso de filiación política o ideológica, no constituye delito".
"Todo con el agravante de un sistema judicial estructuralmente racista y que está trabajando bajo el discurso de la criminalización de la protesta, alimentado desde las más altas esferas del Estado y desde los medios de comunicación controlados por el gobierno", agrega la organización.
El CTDC espera que parlamentarios de varios países, que han expresado su apoyo al pueblo cubano, se unan a esta iniciativa.
El pasado 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles para expresar su descontento con el gobierno de Miguel Díaz-Canel. La protesta popular comenzó en el poblado San Antonio de los Baños, en la provincia Artemisa; y se extendió por decenas de ciudades.
El 23 de julio anterior, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) condenó las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las jornadas de protesta.
De acuerdo con el comunicado de la Relatoría, los reportes recibidos desde sociedad civil son graves y merecen atención por parte de las autoridades y la comunidad internacional.
