El gobierno uruguayo del centro-derechista Luis Lacalle anunció este 19 de agosto que no renovará el convenio de colaboración médica con Cuba.
De esta forma Uruguay pone fin a la colaboración que los cubanos ofrecían en el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (CENATT), una entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay (MIDES).
El acuerdo establecía apoyo para la fabricación de sillas de ruedas, bastones, audífonos y prótesis para personas discapacitadas en situación de vulnerabilidad. Los especialistas cubanos asesoraban a los técnicos uruguayos en la elaboración de estos artículos.
Desde el mes de julio los funcionarios locales se quejaban por el incumplimiento de todos los términos del contrato. El acuerdo de colaboración fue firmado en 2008, pero no fue hasta 2013 que entró en vigor, aunque nunca se ha cumplido con todo el rigor por parte del gobierno de Cuba, según la parte uruguaya.
Según declaró el MIDES al diario local El País, La Habana no ha ofrecido la formación profesional pactada, un número suficiente de especialistas ni formación docente. Además de estos problemas hay otros asociados a las capacidades de los médicos que el régimen cubano envía al extranjero.
A juicio de Radio Martí, la decisión de Montevideo será un estímulo moral para los especialistas cubanos atrapados en el sistema de brigadas médicas.
El 1 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, catalogó como “trata de personas” el negocio de las brigadas médicas, cuyo trabajo genera ingresos al régimen de La Habana.
Cuba se arroga el derecho de quedarse con hasta el 90% del salario de estos especialistas, según denuncias de los trabajadores de salud recogidas por el gobierno de Estados Unidos.
El abogado Jason Poblete, presidente de Global Liberty Alliance, opinó que el gobierno de La Habana “debe poner fin a las prácticas de trabajo forzoso en los trabajadores médicos, pero también deben hacerlo las democracias de la región que contratan estos servicios”.
“Las naciones que firman contratos con Cuba deben comenzar por garantizar que las leyes laborales nacionales se apliquen a estos acuerdos o terminar con ellos”, añadió Poblete, cuya organización ha presionado durante los últimos dos años en Brasil, Uruguay, Guatemala y Honduras para obtener más transparencia en la contratación de profesionales cubanos.
