La organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) criticó este 15 de abril que la legación diplomática de la Unión Europea en la isla sólo mantiene contactos con organizaciones de la sociedad civil amparadas por el Estado, a pesar de que dice lo contrario.
“En todas las reuniones denominadas Seminarios de la Sociedad Civil UE-Cuba, preparatorias del Diálogo de Derechos Humanos que la UE ha tenido desde que el Acuerdo de Diálogo y Cooperación UE-Cuba (ADPC/PDCA) entrara en vigor, participan entidades dependientes del Gobierno de Cuba”, afirmó CPD en un comunicado.
A juicio de la organización, esta conducta está en contradicción con el derecho internacional europeo, pues la definición oficial de Sociedad Civil para la UE indica claramente que sólo pueden ser “individuos o grupos no están conectados con ni dirigidos por el estado”.
Ello ha obligado a numerosas ONGs (Christian Solidarity Worldwide, Freedom House, Civil Rights Defenders, Cadal, Demo Amlat, Cultura Democrática, Freemuse y Prisoners Defenders) a solicitar explicaciones al Alto representante de la UE, Josep Borrell, y al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore.
Las ONGs instan al bloque hemisférico a reformar la estructura del Diálogo, de modo tal que incluye a organizaciones realmente independientes, tanto como medios de prensa no-estatales en los seminarios.
La UE estuvo envuelta recientemente en polémica debido a la actitud de su embajador en la isla, el español Alberto Navarro, quien firmó de manera inconsulta una carta donde se pedía a Biden eliminar el embargo. Luego, en entrevista con medios independientes, negó que en Cuba hubiera una dictadura.
Por estas acciones, Borrell llamó a capítulo a su subordinado, quien “pidió disculpas”, pero no lo depuso de su cargo, como habían pedido miembros de derecha del Parlamento Europeo.
Los eurodiputados firmaron una misiva donde decían que Navarro “no merece las elevadas funciones que ostenta” y lamentaron especialmente que se sumara a la carta abierta que 790 personas enviaron a Joe Biden solicitándole que acabara con el embargo.
“Este comportamiento, además de ser inapropiado, es completamente ajeno a las funciones y estándares de conducta que debería exhibir un representante diplomático de la Unión Europea, con el agravante de que le permite abordar a un Gobierno de un país tercero, un amigo y aliado, al que no está acreditado”, afirmaron.
“Se podría decir –continúan– que el embajador en La Habana toma posiciones políticas en línea con un régimen que no respeta ni defiende los derechos humanos o la pluralidad democrática, y se permite libertades más típicas de un líder político que de un diplomático”.
