El Tribunal Provincial de La Habana ha procesado en el primer trimestre del año, por el "delito de robo de combustible", 12 causas firmes y ha decretado 16 sanciones, 13 de ellas con pena de encierro, informaron autoridades este viernes, según publicó la edición digital de Radio Rebelde.
El presidente del del órgano de justicia en la capital, Yojanier Sierra Infante, dijo que los municipios detectados con mayor incidencia en el desfalco de combustible son Playa, Marianao, Habana del Este y 10 de Octubre y citó entre las entidades estatales involucradas la Terminal de Ómnibus Diezmero (San Miguel del Padrón), La Fortuna, Bahía y la Unidad Empresarial Básica MAP Refinería Ñico López.
Sierra Infante indicó que la mayor cantidad de delitos de este orden están relacionados con el transporte público: "hay una marcada presencia de sustracción de robo de combustible en las terminales de ómnibus y esto impacta en la población de manera negativa", añadió.
El magistrado también advirtió a los trasportistas particulares (boteros) que en muchas ocasiones no tiene los chips de combustible que justifican su consumo: "en Cuba hay una sola institución que vende el combustible, por lo que todas las personas naturales o jurídicas están obligadas a comprar legalmente el combustible a CUPET".
Por su parte, Daylin Gozá, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal de La Habana, dijo que las personas sancionadas por el "incumplimiento del Deber de Preservar Bienes en Entidades Económicas, receptación y aprobación indebida serán condenadas de tres meses a un año de privación de libertad, si la cuantía es menor a 10.000 pesos cubanos. Para aquellos delitos de mayor gravedad la pena se incrementa de ocho a 20 años".
El Gobierno cubano presenta "el enfrentamiento al delito y la corrupción, asociados al desvío de combustible y materiales de la construcción" como "políticas públicas del Estado". Se queja constantemente de las "cuantiosas pérdidas económicas" que genera un flagelo inherente al propio sistema. Casi siempre los involucrados están a cargo o vinculados con el almacenaje, uso, distribución y control de estos recursos.
A principios de año, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo en una intervención en una reunión que ya lo del robo de combustible "era inadmisible" y reconoció que el problema era una "señal de incapacidad de las entidades estatales".
