Desde 2009 Enrique Miranda repite a las autoridades que él y su familia corren riesgo de morir y el gobierno siempre le responde de la misma manera: evasivas, burocracia. “Estamos a tiempo de solucionar el problema”, asegura él con mucho optimismo.
La vivienda de Miranda, ubicada en la calle Jesús María No. 321 entre Picota y Curazao, Habana Vieja, se encuentra en perfecto estado técnico. Los daños provocados en el techo y las instalaciones de agua por un reciente deslizamiento de tierra y escombros, así como el temor de la familia, se originan en el edificio ubicado en la calle contrapuesta, Merced No. 320, entre Picota y Curazao.
El inmueble de tres pisos con señales de derrumbe está catalogado por los arquitectos locales como “malo e inhabitable”. La primera alarma del deterioro sobrevino en 2009 con la muerte de una anciana que fue sepultada por el techo de su vivienda. Desde entonces, la familia Miranda reclama la demolición del tercer nivel del edificio, deshabitado por las autoridades y “rehabilitado” por ocupantes ilegales.
Sin embargo, el Ministerio de la Construcción demanda evacuar el edificio para llevar a cabo las acciones pendientes de demolición, pero la Unidad Municipal de Inversiones de la Vivienda niega tener facultades para otorgar lugares de tránsito a los residentes del edificio. La Unidad Municipal de Atención a Comunidades de Tránsito también alega no tener capacidades temporales.
“Finalmente, entregamos la reclamación en el Consejo de Estado y nos respondieron que reiniciáramos las gestiones desde la base”, dice Mireya Miranda, hija de Enrique.
Más de una década le ha tomado al Gobierno ejecutar la orden de demolición del tercer piso. Durante ese tiempo, los desprendimientos parciales de los entrepisos, el aumento de las grietas en las paredes de carga, la pérdida del hormigón que sostiene la estructura, el hundimiento de los pisos, las filtraciones y la humedad retenida han alimentado la potencial amenaza a la que se expone la familia Miranda, así como los residentes en los niveles inferiores del edificio.
“Nosotros arreglamos la casa para iniciar la renta de habitaciones a extranjeros (…). Tuvimos que dejar de alquilar porque no podemos exponer a nadie a ese peligro”, se lamenta el padre de familia a Cubanet.
En la calle Merced los vecinos del edificio no se han quedado de brazos cruzados, pero la respuesta oficial que obtienen siempre es la misma: no existe lugar de tránsito para albergarlos. Mientras el tercer nivel aguarda por la paciencia de las autoridades, llegan nuevos inquilinos que prefieren el peligro, antes de dormir en la calle.
“Las autoridades dijeron que cuando sacaran la gente del tercer piso lo demolían, pero como se demoran, se cuela más gente”, explica Lázaro Galego, residente en el segundo piso del edificio.
El problema de la vivienda es uno de los más acuciantes en Cuba; miles de persona viven en albergues, mientras otras no tienen recursos para reparar sus casas. El fondo habitacional se ha deteriorado a lo largo de los años.
La construcción de viviendas por cada 1000 habitantes disminuyó de 6,1 en 1989 a 3,6 en 2005. En 2006, se construyeron 111 400 nuevas unidades y la proporción subió a 9,9, ambos récords históricos. Pero esas cifras fueron infladas, pues incluyeron viviendas edificadas anteriormente que recibieron ese año una habilitación para la ocupación, así como viviendas en construcción.
Después de 2006, la construcción de viviendas bajó constantemente hasta 22 100 en 2016, mientras que la razón de unidades construidas por 1000 habitantes disminuyó de 9,9 a 1,9.
El presidente del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) Víctor Ramírez, declaró en 2008 expresó que 1,17 millones de viviendas (30 por ciento del inventario) estaban en condición “regular” o “mala” y que el 85 por ciento de las unidades con más de tres pisos necesitaban reparaciones fundamentales, pero la falta de materiales de construcción lo impidió.
El historiador de la Ciudad, Eusebio Leal, que fielmente reconstruyó parte de la zona colonial, afirmó en un programa de televisión que 60 por ciento del inventario de vivienda se encontraba en condiciones pobres; que había un promedio de tres derrumbes diarios, y que si uno de los huracanes de 2008 hubiese azotado directamente a la ciudad, habría sido necesario declarar la ley marcial; un argumento a fin de solicitar 1000 millones de CUC para la rehabilitación de miles de viviendas en la zona colonial.
