La organización Human Rights Foundation solicitó a la comunidad internacional que impulse un conjunto de acciones en contra del régimen cubano por el delito de trata de personas.
Entre las medidas propuestas por HRF están la expulsión de Cuba de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el inicio de una investigación transparente e independiente sobre la responsabilidad de dicha organización en el tráfico de médicos cubanos en Brasil.
“El régimen totalitario de Cuba ha utilizado su poder desproporcionado sobre los profesionales médicos y sus condiciones de empleo para explotar y abusar de los trabajadores de la salud a través de innumerables mecanismos coercitivos, que van desde la amenaza de separación familiar y el exilio forzoso hasta restricciones de movimiento y robo de salarios”, establece el informe publicado por HRF.
Las propuestas, concebidas a partir del derecho internacional, están dirigidas a los gobiernos democráticos y diversas organizaciones, para “cumplir con sus propias obligaciones de derechos humanos que prohíben participar en las prácticas de trata de personas y ser cómplices”.
Además, el documento sugiere que los países implicados deben suspender las misiones médicas de Cuba hasta que el gobierno cubano elimine la Resolución Ministerial 168, ponga fin a la prohibición de ocho años sin poder regresar a su país que pesa sobre ellos cuando desertan de la misión, les pague a los médicos cubanos la totalidad de su salario y permita que los trabajadores médicos establezcan contratos laborales con el país anfitrión sin intermediarios.
“Las democracias globales deberían implementar sanciones contra el régimen comunista por el tráfico de médicos cubanos; específicamente, EE. UU. debería aplicar las sanciones Global Magnitsky a todos los actores que ayuden al esquema de trata de personas de Cuba, y aumentar la conciencia internacional sobre el papel de Cuba como perpetrador de la trata de personas”, propone el informe.
Finalmente, HRF realiza un llamado al sistema de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas —a través de sus agencias, organizaciones y programas de derechos humanos— para prohibir “el financiamiento de las misiones médicas de Cuba y sancionar públicamente al régimen de Cuba por violar los tratados vinculantes sobre trata de personas”.
“La Resolución Ministerial 168, denominada Reglamento Disciplinario de los Trabajadores Civiles Cubanos en el Exterior como Colaboradores, fue adoptada en 2010 y es la norma que establece las obligaciones y sanciones disciplinarias que impone el gobierno cubano a todo el personal médico que trabaja en sus misiones, violando sus derechos a la libertad de asociación, libertad de movimiento y libertad de expresión con el fin de explotar su trabajo”, explica en su informe Human Rights Foundation.
