El régimen cubano reforzó este 27 de noviembre el cerco policial contra la periodista independiente Camila Acosta, que se extiende ya por cuatro meses, aseguró la reportera en redes sociales.
Siete agentes se suman al dispositivo que rodea la casa de Acosta, en La Habana. La periodista sospecha que el refuerzo está relacionado con el aniversario del plantón frente al Ministerio de Cultura protagonizado por artistas y ciudadanos el 27 de noviembre de 2020.
La periodista independiente afirmó que se encuentra sola y desarmada en su vivienda y que probablemente varios periodistas y artistas estén sitiados también como medida represiva del gobierno cubano para evitar una protesta o manifestación pacífica.
Sobre la joven pesan los supuestos delitos de “desorden público” e “instigación a delinquir” y está bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria desde julio, cuando cubrió las protestas pacíficas en la capital. Las autoridades que la vigilan solo le permiten visitar a su abogado y asistir a citas médicas.
Su expediente, el No. 50, aún se encuentra en fase preparatorio y la Ley de Procedimiento Penal cubana estima que el proceso de investigación puede extender por periodo de hasta seis meses.
Sobre el caso, Acosta dijo a Radio Televisión Martí que “hay dos supuestos testigos, uno de ellos, un policía, que alegan haberme visto en la zona del Capitolio gritando ‘consignas contrarrevolucionarias’ e incitando al resto de las personas a hacer lo mismo. Pero nada de eso pasó. Yo me centré en mi papel de periodista, en documentar lo que estaba sucediendo”.
Acosta es una de las periodistas más hostigadas por la dictadura luego de integrarse a los medios de prensa no oficiales. Ha sufrido múltiples desalojos, detenciones y vejaciones a sus derechos humanos.
Durante el arresto en julio le confiscaron “20 000 pesos en moneda nacional de su padre, dos laptops (una de ellas ajena), varias memorias USB, un disco duro, una tableta de otra persona y el teléfono celular”, contó a CubaNet.
La periodista se negó a firmar una multa por el delito de “desorden público” que se le imputa. “Ayer querían que yo me comprometía a pagarla, porque ellos le iban a pedir a la Fiscalía que solo me impusiera una multa como sanción. Pero si firmaba eso reconocía que había cometido un delito y no es así. No nos entendimos nunca”.
