Régimen hostiga a artista independiente

El productor musical y activista por la democracia en Cuba, Yerly Luis Velázquez Morales, denunció que continúa siendo víctima del hostigamiento político del régimen.
Yerly Luis Velázquez Morales, productor musical y activista
 

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El productor musical y activista por la democracia en Cuba, Yerly Luis Velázquez Morales, denunció este viernes 2 de septiembre que continúa siendo víctima del hostigamiento político por parte de la policía política del régimen.

"La policía política continúa con su acoso hacia mi persona, ahora están fuera de mi casa para hacerme un registro" publicó en Twitter el artista independiente.

En su tuit, el joven cubano etiquetó al periodista Mario J. Pentón y a la activista e influencer Saily González Velázquez buscando visibilizar su denuncia.

El pasado 27 de agosto, el régimen cubano excarceló bajo fianza a Yerly, tras ser acusado de criticar en redes sociales al presidente designado del país, Miguel Díaz-Canel.

El propio Velázquez lo confirmó a través de su perfil de Twitter, luego de que varios activistas informasen al respecto. "En la tarde de ayer fui ex-carcelado (sic) bajo fianza, ya estoy en casa, gracias a todos por la preocupación y el apoyo", escribió.

Antes de la excarcelación, el Observatorio de Derechos Culturales (ODC) había informado que el juicio contra Velázquez, programado para el pasado 15 de agosto, había sido pospuesto hasta que se le realizara al acusado "una evaluación médica".

Velázquez, de 32 años, empezó a estar en el punto de mira de la policía política en octubre de 2020, cuando fue citado por primera vez, tras compartir en redes sociales publicaciones a favor de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel "Osorbo" Castillo, declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional.

Pero el acoso contra Velázquez se incrementó un año después, cuando se unió al llamado de la plataforma opositora Archipiélago, que convocó una Marcha Cívica por el Cambio el 15 de noviembre de 2021. En aquellos días, el activista sufrió varias detenciones arbitrarias, y a la salida de la unidad de instrucción provincial le aplicaron el Decreto-Ley 370.

El Decreto-Ley 370 es calificado por la sociedad civil independiente de Cuba y organizaciones internacionales como un instrumento jurídico que restringe la libertad de expresión.

Su artículo 68, en el inciso i, establece como contravención la acción de "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas", según interprete estos elementos la parte enjuiciadora, que siempre ha estado a favor de la posición del Partido Comunista y el Estado cubanos.

 

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