Autoridades cubanas enviaron a celda de castigo al disidente Yordis García Fournier, preso en Guantánamo por su participación en las protestas populares de julio de 2021, informó CubaNet.
La medida contra García Fournier se hizo efectiva luego de que al recluso se le ocuparan varias denuncias sobre las violaciones en ese centro penitenciario durante dos requisas efectuadas el 21 de marzo.
El recluso ya había sido advertido en varias ocasiones debido a las denuncias sobre violaciones de los derechos de los prisioneros, y fue sometido a consejo disciplinario por gritar “Patria y Vida” a la salida del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo.
En diciembre del 2021, García Fournier fue castigado con la suspensión del derecho a llamadas telefónicas, mientras que en enero de 2022 le fue impuesta la suspensión de visitas familiares.
Yordis García Fournier fue unos de los nueve condenados por participar en las protestas de 11J en ciudad de Guantánamo. El juez emitió una sentencia de tres años y dos meses de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato.
Según su abogado, el segundo delito estaría relacionado con las ofensas que lanzó el activista durante las protestas al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Junto a Yordis García fueron procesados Lucy Téllez Ávila, Heriberto Téllez Reinosa, Exeint Beirut Rodríguez, Jovel Sevila Martínez y Enrique Mustelier Sosa, agregó Radio Martí.
En Cuba hay más de 1000 prisioneros políticos, señaló la ONG Prisoners Defenders en un informe publicado el 3 de marzo. Al menos 869 de esas personas fueron detenidas por las protestas del 11 y 12 de julio pasado, además de otras decenas, liberadas tras imposición de multas en los últimos meses.
Unos 55 procesados tienen entre 16 y 18 años, por lo que, según la Convención sobre los Derechos del Niño, son menores de edad. De ellos, 28 fueron “asegurados” con la medida cautelar de prisión provisional.
Entre las últimas sanciones se cuentan las de los manifestantes de la esquina de Toyo y La Güinera, en La Habana. La pena más elevada fue de 30 años de cárcel, según información publicada el 16 de marzo por el Tribunal Supremo.
