Tribunal Supremo de Cuba asegura que nuevo Código Penal es un "baluarte de dignidad"

El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP), Rubén Remigio Ferro, dijo que la nueva ley será una "garantía" para los "derechos individuales".
Rubén Remigio Ferro
 

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El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP), Rubén Remigio Ferro, celebró este 18 de mayo la aprobación de un nuevo Código Penal en la isla al calificarlo de “baluarte para el derecho” y el “Estado socialista”.

Al intervenir en la inauguración del X Encuentro Internacional Justicia y Derecho en La Habana, aseguró que “Cuba es y seguirá siendo un baluarte de dignidad en la garantía de los derechos individuales”, precisó Cubadebate.

Entre las normas a las que hizo referencia está el Código Penal aprobado este 15 de mayo, que sustituye al de 1987. La nueva legislación ha sido criticada por activistas y opositores por considerar que acallará la protesta social y el periodismo independiente.

La reforma —aprobada por unanimidad en el Parlamento, y a casi un año de las protestas antigubernamentales del 11J— incluye 37 nuevos delitos, como el financiamiento externo de medios de prensa.

Además, prevé sancionar con hasta 10 años de prisión a toda persona que “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros" de ONGs o instituciones internacionales que puedan ser usados para "sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.

El nuevo Código Penal introduce entre sus variaciones respecto a su predecesor de 1987 penalizaciones a “las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación activa en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y la comunicación”.

El gobierno del Partido Comunista de Cuba criminaliza desde su consagración actividades como el periodismo y el cine independiente, y reprime organizaciones políticas, económicas y de la sociedad civil que no estén controladas por el Estado.

El sistema judicial cubano ha sido criticado últimamente a raíz de los juicios a los manifestantes del 11 de julio, cuando se produjeron las mayores protestas antigubernamentales en décadas.

Activistas y ONGs han denunciado fabricación de pruebas, falta de transparencia y penas muy elevadas, mientras las autoridades cubanas aseguran que se ha estado siguiendo en todo momento el debido proceso. 

Previamente a la aprobación del nuevo Código Penal, el abogado Eloy Viera advirtió en un artículo publicado por El Toque que este sería “otra herramienta legal represiva” en manos del régimen, “para encausar a quienes reciban o financien lo que la oficialidad considere actividades contra el Estado y su orden constitucional”.

“Este es un paso más en el apertrechamiento del régimen cubano en la búsqueda de nuevas herramientas para defenderse de su ciudadanía”, afirmó Viera.

La activista Anamely Ramos, historiadora del arte y miembro del Movimiento San Isidro (MSI), opinó en redes sociales que con la nueva legislación penal el gobierno planteaba el juego a los activistas “al duro y sin guante”.