El canciller del régimen cubano Bruno Rodríguez Parrilla rechazó las denuncias de la Unión Europea (UE) sobre los presos políticos cubanos, en su mayoría manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
"Rechazamos enérgicamente declaración sobre #Cuba del Alto Representante de la #UE, Josep Borrell. Solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso", declaró Rodríguez Parrilla en su cuenta oficial de Twitter este miércoles.
Por último, agregó que "la UE debería ocuparse de episodios de represión que se producen en sus Estados miembros y de menores detenidos en sus cárceles. A la UE, que actúa con evidente doble rasero, no le asiste derecho alguno o autoridad moral para intervenir en cuestiones que solo competen al Estado cubano".
En una declaración del alto representante del bloque hemisférico, Josep Borrell. la UE pidió el 30 de marzo al régimen cubano la liberación de todos los presos políticos en la Isla.
La UE también exigió respeto a las libertades de expresión y manifestación, y reclamó poner fin a los juicios contra manifestantes pacíficos que salieron a las calles el 11 de julio amparados en la propia Constitución cubana.
“El uso de estos procedimientos judiciales y sentencias niega a los ciudadanos cubanos el derecho a expresar sus opiniones pacíficamente y a exigir cambios. El derecho a disentir y a manifestarse debería ser garantizado y protegido en Cuba”, asegura el texto.
El documento sostiene que el gobierno cubano debería iniciar un diálogo en torno a las “legítimas reivindicaciones” de cambio, y sugiere que la UE podría ser mediador en esa iniciativa.
Más de 1400 personas fueron detenidas tras el levantamiento popular del año pasado, y unas 790 fueron enjuiciadas, según cálculos de la UE, en una de las olas represivas más grandes que se hayan visto en Cuba.
Las condenas oscilan entre meses y 30 años de cárcel, como fue el caso de los manifestantes antigubernamentales de la Esquina de Toyo y La Güinera, en La Habana, cuyas sentencias se conocieron recientemente y provocaron indignación.
El tribunal del régimen aseveró que, en el municipio de Diez de Octubre, los manifestantes actuaron “obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior” e “intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta”.
Sobre los acusados de La Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, la versión oficial afirma que el 12 de julio de 2021, los procesados “salieron a las calles de ese territorio y convocaron a los transeúntes y vecinos a que se les unieran; lanzaron piedras, palos, botellas y cocteles Molotov contra agentes del Ministerio del Interior y otros trabajadores de instituciones estatales presentes en el lugar, a quienes causaron lesiones”.
La activista Salomé García Bacallao, miembro del grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J, calificó en redes sociales la nota de las sentencias como “una mentira y un insulto a los manifestantes y a sus familiares que estuvieron en los juicios y saben que fueron una farsa. No tuvieron piedad con los menores de edad”.
Hasta el momento, Justicia 11J registra 1442 personas en detención, relacionadas con el levantamiento popular de 2021. De ellas, 756 siguen en centros de reclusión: 14 menores de 18 años; 69, entre 12 y 20 años y 77 mujeres.
Unos 55 procesados tienen entre 16 y 18 años, por lo que, según la Convención sobre los Derechos del Niño, son menores de edad. De ellos, 28 fueron “asegurados” con la medida cautelar de prisión provisional.
