El preso político y manifestante del 11 de julio Alexander Díaz Rodríguez comenzó una huelga de hambre en la prisión de Guanajay, provincia Artemisa, exigiendo mejoras en las condiciones de vida del penal, informó CubaNet.
Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, es coordinador en el municipio de Artemisa del Partido Unión por Cuba Libre (Puncli) y firmante del Proyecto Emilia, que lidera el Dr. Oscar Elías Biscet.
El recluso tiene como exigencias que se le dé la asistencia médica necesaria y que las autoridades de esa prisión cumplan con las Reglas Mandela, normas dictadas por la Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
El pasado 24 de mayo, Alexander Díaz Rodríguez denunció en el diario independiente CubaNet, que los miembros de las fuerzas especiales del Ministerio del Interior (Minint) le ocasionaron lesiones durante el estallido popular.
Según relató, el 11 de julio de 2021 los manifestantes de Artemisa caminaban pacíficamente reclamando a gritos comida, medicinas y libertad, pero al transitar frente a la estación de la Policía Nacional de la ciudad, “fueron atacados salvajemente por los boinas negras de las tropas especiales [Brigada Especial del Minint], quienes se lanzaron a golpearlos y apalearlos”. Los militares de élite le habrían fracturado una costilla.
Durante su reclusión en el penal, él y un grupo de manifestantes planeaban hacer una huelga en apoyo a la frustrada Marcha Cívica por el Cambio, manifestación convocada para el 15 de noviembre pasado. Para castigarlos, los carceleros intentaron obligarlos a participar en un mitin de repudio al 15N y “en apoyo a la dictadura”.
Como Díaz Rodríguez se negó, “lo golpearon esposado unos guardias, entre ellos el teniente coronel Edgar, segundo jefe de unidad de esa instalación carcelaria”, informó CubaNet.
Según la última actualización del registro de detenidos por las protestas del verano pasado, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Políticas Justicia 11J, han sido arrestadas al menos 1470 personas por las manifestaciones estallaron en más de 60 localidades del país.
La organización precisa en sus redes sociales que, de las personas arrestadas, 564 fueron juzgadas y 519 sentenciadas, 40 esperan sentencia y solo cinco fueron absueltas. “De todas las personas juzgadas o en espera de juicio, podemos afirmar que alrededor del 70 al 80% han esperado juicio bajo prisión provisional”.
