Políticos europeos respaldan campaña a favor de presos políticos en Cuba

La campaña “Ningún preso político cubano invisibilizado” busca denunciar y recabar solidaridad para los prisioneros políticos y de conciencia en Cuba.
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Políticos europeos se sumaron este 2 de diciembre a la campaña “Ningún preso político cubano invisibilizado”, promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Los eurodiputados Leopoldo López Gil, Gabriel Mato Adrover, ambos del Partido Popular Europeo (PPE), Dita Charanzová, y Soraya Rodríguez Ramos, de Renew Europe (RE), y Hermann Tertsch, presidente del grupo ECR-EUROLAT, figuran entre los promotores.

El objetivo de la iniciativa es denunciar y recabar solidaridad con los casos de prisioneros políticos y de conciencia en Cuba, cuya cifra se ha multiplicado tras los acontecimientos represivos de los últimos meses, explica OCDH en su página.

La iniciativa, promovida en Bruselas y Madrid, ha tenido el inmediato respaldo de políticos de diversas formaciones, tanto del ámbito europeo como español, confirmaron Elena Larrinaga, fundadora del OCDH, y Yaxys Cires, director de Estrategia.

La iniciativa también fue respaldada en España por los diputados del Partido Popular (PP) en la Asamblea de la Comunidad de Madrid Javier Fernández Lasquetty, Almudena Negro, Janette Novo Castillo y Alfonso Serrano, quien, además, es portavoz del grupo en la asamblea regional.

También se sumaron Edmundo Bal (Ciudadanos), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), y Alicia Sánchez Camacho (PP).

Cuba tiene una de las poblaciones penales más grandes del mundo en relación con su cantidad de habitantes, según organizaciones no gubernamentales, que aumentó con los arrestos de ciudadanos tras la protesta pacífica del 11 de julio.

Hasta el 23 de noviembre, el Centro de Información Legal Cubalex y el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, Justicia 11J, registraron un total de 1281 arrestos por las masivas protestas. Fueron excarceladas 551 personas, mientras que continúan detenidas 662, entre ellas más de 20 jóvenes cubanos de 18 años o menos.

Desde inicios de octubre, tribunales municipales y provinciales comenzaron los juicios contra manifestantes del 11 de julio, día del levantamiento popular más grande en la historia del socialismo cubano, según los expertos. Las penas oscilas entre algunos meses y más de 20 años de prisión.

"Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos”, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.