ONU critica juicios contra niños en Cuba tras el 11J

Naciones Unidas pide la liberación de los jóvenes encarcelados y una revisión profunda del sistema judicial y las condenas a los manifestantes del 11J.
Niños presos políticos en Cuba
 

Reproduce este artículo

El Comité de los Derechos del Niño expresó este 9 de junio su “profunda preocupación” por la severidad de las sentencias impuestas en Cuba a los niños declarados culpables por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica en las protestas de julio de 2021.

En un documento público la organización, adscrita a Naciones Unidas, instó a Cuba a revisar, mediante apelaciones, las sentencias y la legislación del país para garantizar que los niños puedan ejercer efectivamente el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica.

Varios niños, algunos de tan solo 13 años, fueron detenidos violentamente, sacados de sus casas durante la noche sin que sus familias fueran informadas de su paradero, mantenidos incomunicados y trasladados a diferentes instalaciones para ser interrogados durante largas horas, precisa el documento presentado por la organización.

También critican la persecución penal de niños, varios de ellos condenados a penas de entre 5 y 15 años de privación de libertad por ejercer su derecho de reunión pacífica.

Además, el Comité insta al Estado a que investigue las denuncias de detenciones violentas y arbitrarias, incomunicación, desapariciones forzadas, malos tratos y torturas de los niños detenidos durante las protestas, a que identifique, enjuicie y sancione a los responsables y ofrezca reparación a los niños víctimas.

La organización mostró su preocupación por la prohibición de facto a los padres que hayan abandonado una misión en el extranjero de regresar a la isla y reunirse con sus hijos, a veces durante hasta 8 años; y señala el impacto en la salud y el bienestar de los niños de los años de separación de sus padres.

Además, observó con preocupación que el Código de Familia vigente permite un castigo “moderado” de los niños por parte de los padres y tutores e instó al Estado a prohibir explícitamente por ley los castigos corporales en todos los entornos, incluso en el hogar, las instituciones de cuidado infantil, los entornos de cuidado alternativo, las escuelas y las instituciones penitenciarias.