El gobierno mexicano pagó 34 millones de pesos, más de 1,6 millones de dólares, a la empresa Servicios Médicos Cubanos, S. A., entidad acusada de trata de personas, informó el portal Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola.
En 2021, México pagó esta cantidad por 172 estudiantes de ese país que fueron a la isla a estudiar medicina. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) paga entre 350 y 700 dólares anuales por la estancia académica, que dura entre 3 y 4 años, en dependencia de la especialidad que curse cada estudiante.
Además, el país financia un seguro médico que oscila entre 400 y 800 dólares por cada estudiante. Los mexicanos pueden contratar únicamente el seguro médico que ofrece ASISTUR, una empresa del estado cubano.
Además, el contrato entre CONACyT y Servicios Médicos Cubanos establece ciertos pagos excepcionales, como 150 dólares si el becario necesita aislamiento por infección de coronavirus.
“En los últimos tres años el CONACyT ha recortado becas, financiamiento para investigaciones y presupuestos para centros de educación en México”, recordó Latinus sobre el plan de austeridad impuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El programa de becas original incluía 1600 plazas, de las cuales sólo se cumplieron 172. De haberse otorgado el total, el gobierno cubano habría recibido más de 40 millones de dólares, según las estimaciones de Latinus.
Durante el gobierno de Donald Trump, el entonces secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo, denunció a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por presuntamente facilitar la explotación de médicos cubanos.
Además de tener que entregar como mínimo las tres cuartas partes de sus salarios, los profesionales de la salud cubanos enviados a misiones en el exterior son sometidos a vigilancia y restricción de libertades fundamentales.
Los médicos que rompen con la misión y se evaden son castigados por ocho años sin permiso para regresar a Cuba.
Estas condiciones han sido denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, y la ONU ha advertido que podrían constituir formas de "trabajo forzado" y “esclavitud moderna”.
La exportación de servicios médicos es un negocio lucrativo para el régimen comunista. En 2018, último año en que el Gobierno divulgó cifras, los ingresos por esta actividad sobrepasaron los 6000 millones de dólares, aunque el cierre de programas de médicos en Brasil y Bolivia en ese mismo año provocaron una reducción de ganancias desde entonces.
