La represión es “la epidemia que más afecta” a Cuba y en el último semestre “repuntó” con “severas condenas” para los manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11J, alertó este 19 de abril la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En su informe semestral, la SIP, con sede en Miami, considera que la libertad de expresión en la isla es “débil”, se enmarca dentro de una sociedad “sin respiro” y en un ambiente “hostil”.
Además, señala que los comunicadores independientes en la isla viven bajo “vigilancia y amenazas intermitentes”.
En los últimos meses, “la mayoría” de periodistas fuera de los medios oficiales “sufrieron diversos grados de amenazas policiales y acoso” e “interrogatorios y amenazas judiciales”, agrega el texto.
El informe cita varios casos de trabajadores de la prensa independiente detenidos —dos de ellos aún en prisión: Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez— en el marco de la cobertura de las protestas del pasado julio.
Además de ellos, la SIP cita otros ejemplos como el de Esteban Rodríguez, quien fue excarcelado en enero tras más de ocho meses de prisión sin juicio y que, según la SIP, debió “aceptar el destierro a cambio de su liberación”.
Al igual que Rodríguez, otros comunicadores, como Karla Pérez, viven fuera del país por su labor informativa, apunta el documento.
Por otro lado, al menos 15 periodistas independientes “tienen prohibido salir del país”, como es el caso de Luz Escobar, del portal 14yMedio, dirigido por Yoani Sánchez.
Según el informe, el ambiente de libertad de expresión solo se ha beneficiado por “el creciente número de cubanos que se conectan a internet, consumen y divulgan información alternativa a la oficial”.
Sin embargo, advierte el documento, la empresa estatal de comunicaciones ETECSA se ha empeñado en censurar las páginas de internet de medios y ONG críticas del Gobierno, facilitar la cibervigilancia y hacer “cortes selectivos de comunicaciones a periodistas y activistas”.
Desde las protestas del año pasado, la organización ha detectado al menos 39 detenciones de informadores, el arresto domiciliario de 32 y “amenazas y agresiones psicológicas durante citaciones o detenciones arbitrarias” de 16.
