Unas 381 personas, incluidos 16 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fueron sancionadas en Cuba en los juicios por las protestas del 11 de julio ocurridos hasta el momento, informó este 13 de junio la Fiscalía General de República.
Según el reporte, divulgado por el diario oficialista Granma, las condenas castigan fundamentalmente los delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos.
Por el delito de sedición los sancionados fueron 36, a los que se les impuso penas de entre cinco y 25 años de cárcel. A 84 acusados se les sobreseyó la sanción de privación de libertad por otras que no implican su ingreso a prisión, entre ellos, 15 de los jóvenes con edades entre 16 y 18 años.
Sin embargo, Fiscalía condicionó el mantenimiento de estas sanciones “leves” a la conducta de dichas personas.
Familiares de los presos han asegurado que los juicios han sido verdaderos montajes en los que apenas se presentan pruebas para incriminar a los acusados y, con frecuencia, están manipuladas.
En mayo, Diario de Cuba reveló un video de 2018 donde el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba Rubén Remigio Ferro exculpaba las violaciones del debido proceso cuando fueran juzgados opositores políticos.
Remigio declaró que la presencia de abogados defensores en los procesos penales son un estorbo y que el objetivo del proceso penal es destruir la presunción de inocencia de los acusados, entre otras infracciones al sistema judicial cubano.
Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que, “en Cuba, donde el poder judicial está firmemente sometido al control gubernamental, no hay transparencia en los procedimientos ni se permite asistir a los juicios a periodistas y observadores de derechos humanos independientes”.
La ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) elevó este 8 de junio a 1046 la cifra de su registro sobre presos políticos en Cuba, la mayoría encarcelados tras la escalada represiva por las manifestaciones de julio de 2021, que se extendieron por más de 60 localidades de la isla.
Según la organización, 901 personas permanecen recluidas por dichas protestas, mientras que en el último año han pasado por las cárceles del país unos 1236 presos políticos.
