La Comisión de EE. UU. para la Libertad Religiosa Internacional recomendó que Cuba permanezca en la Lista de Vigilancia Especial del Departamento de Estado debido a las violaciones que se cometen allí contra practicantes de todos los credos.
“El gobierno cubano siguió utilizando la vigilancia, el hostigamiento, y la interpretación ad hoc de las legislaciones para suprimir la libertad de religión y perseguir a los defensores de la libertad religiosa”, precisó la institución en su informe anual sobre el tema.
El documento señala que las autoridades respondieron a las manifestaciones del 11 de julio del 2021 deteniendo, a menudo violentamente, a unos 700 manifestantes y activistas, entre ellos líderes religiosos.
“Por ejemplo, el pastor José Álvarez Devesa fue golpeado por policías en Camagüey y liberado al día siguiente. Al final del año, un número desconocido de manifestantes, incluidos líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas, permanecieron detenidos, desaparecidos y bajo arresto domiciliario”, asegura el texto.
El reporte cita también el caso del reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, de la Iglesia Independiente Monte de Sion, quien participó en las protestas del 11 de julio en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, y fue detenido ese día.
“En los meses posteriores a su detención, Rosales Fajardo soportó palizas, trato degradante por parte de los guardias penitenciarios y la negación de contacto familiar. El gobierno buscó imponer una sentencia de 10 años y lo juzgó en diciembre por los cargos de ‘falta de respeto’, ‘agresión’, ‘incitación al delito’ y ‘desorden público”, agregó.
El informe sobre libertad religiosa indica, además, que la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba (ORA), continuó su aplicación represiva de las restricciones religiosas.
“La Ley de Asociaciones requiere que las organizaciones religiosas soliciten el registro al Ministerio de Justicia, donde se encuentra ORA. A pesar de los criterios existentes, las decisiones de registro suelen ser arbitrarias y discriminatorias”.
Señala también que los integrantes de grupos religiosos no registrados son particularmente vulnerables, ya que su membresía o asociación con un grupo religioso no inscrito es un delito.
La Comisión menciona, además, que a un mes de las protestas de julio el gobierno cubano promulgó una nueva ley de telecomunicaciones, el Decreto-Ley 35, que restringe severamente libertad de expresión en línea y amenaza la libertad religiosa.
La Comisión recomienda al gobierno estadounidense que mantenga a Cuba en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado por participar en, o tolerar, graves violaciones de las normas de libertad religiosa, conforme a la Ley de Libertad Religiosa Internacional, IRFA.
