Yanilys Sariego, una cubana que promovió la frustrada marcha del 15 de noviembre en Matanzas, identificó al teniente coronel Rogelio Cuesta como uno de sus represores.
El oficial trató de intimidarla durante el interrogatorio del 12 de noviembre y pidió para ella prisión preventiva y traslado para la prisión de mujeres, denunció Sariego en una publicación de Facebook este 11 de enero.
“Nunca más lo he vuelto a ver, a pesar de que es él quien tiene la responsabilidad legal de investigar el hecho. Algún día la historia de la represión en esta isla tendrá nombres, rostros y espero de todo corazón que se haga justicia”, precisó Sariego.
Decenas de ciudadanos, activistas y periodistas independientes fueron interrogados o arrestados en la isla a pocos días de celebrarse la marcha del 15 de noviembre, que organizó Archipiélago, un grupo de cubanos en redes sociales.
Archipiélago, fundado por el dramaturgo y actor Yunior García tras las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio, decidió adelantar para el 15 de noviembre la manifestación planificada inicialmente para el 20 de ese mes, a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas y paramilitares desde el 18.
El 12 de octubre el régimen declaró ilícita la marcha. Los organizadores en cada territorio fueron informados de la negación a través de las intendencias de sus localidades. El 21, la Fiscalía General de la República amenazó a los promotores con procesarlos por “instigar a delinquir” y otros delitos.
La represión se inserta en una ola de violencia y recrudecimiento de la vigilancia tras las protestas masivas de julio, las más grandes en la historia del socialismo cubano.
Según el listado de Justicia 11J y el Centro de Información Legal Cubalex, de un total de 1355 personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio, al menos 719 continúan en centros de reclusión, 70 de ellas son mujeres.
De acuerdo con Cubalex, solamente 91 manifestantes han sido liberados con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre uno y 30 años de privación de libertad —122 de ellos por cargos de sedición— y 24 han sido procesados en juicios ordinarios.
A inicios de octubre, tribunales municipales y provinciales comenzaron los juicios contra manifestantes del 11 de julio. Las penas oscilas entre algunos meses y más de 20 años de prisión.
