Obligatoriedad para las personas jurídicas de utilizar un antivirus nacional, así como aplicaciones de código abierto y de producción nacional, son algunas de las normas jurídicas decretadas este jueves por el Gobierno para el control de las herramientas ligadas a la informatización de la sociedad en Cuba, según publica el sitio oficial Cubadebate.
La más reciente edición de la Gaceta Oficial Ordinaria recoge estas nuevas regulaciones, compuestas por un Decreto-Ley, dos Decretos, un acuerdo del Consejo de Ministros y varias resoluciones ministeriales.
Al presentar las disposiciones, Wilfredo López Rodríguez, director de regulaciones del Ministerio de Comunicaciones, dijo que se establece la obligación de la protección de los datos personales en soportes electrónicos, a la vez que regula por primera vez para las personas jurídicas la validez de las firmas digitales, "con el empleo de certificados digitales de la infraestructura nacional de llave pública".
El Gobierno dice haberse propuesto "la migración en un período de tres años" de datos hacia plataformas con código abierto y de producción nacional "en los Organismos de la Administración del Estado".
Además de establecer por primera vez el concepto de industria en el ámbito de las telecomunicaciones, el Decreto 359 de 2019 sobre el desarrollo de la industria de programas y aplicaciones informáticas pretende "promover, perfeccionar e incrementar la producción nacional y la sustitución de importaciones", según funcionarios citados por el medio oficial.
Las nuevas normas jurídicas otorgan el protagonismo de la industria de aplicaciones y servicios informáticos a la empresa estatal, y relegan al sector privado de este sector a una simple "complementación".
Además, el Ministerio de Comunicaciones aprobó un reglamento sobre proveedores de servicios de hospedaje web y alojamiento para personas jurídicas, que busca controlar el funcionamiento y expedición de licencias de operación para este servicio.
La isla, que está entre las naciones más desconectadas del mundo, desarrolla a pasos acelerados un proceso de informatización que en los últimos dos años ha incluido la autorización del acceso a internet desde los hogares y la habilitación del servicio 3G en los teléfonos móviles.
El impulso al sistema de Gobierno electrónico, la creación de aplicaciones para el pago de servicios y la legalización -efectiva a partir del 29 de julio próximo- de las redes de datos privadas que funcionaban clandestinamente en todo el país, son algunas de las medidas tomadas dentro de esta política.
Las nuevas regulaciones publicadas este jueves también promueven el desarrollo de "Parques Científicos Tecnológicos como parte integrante de la industria", que aprovechará la infraestructura y el capital humano ya existente.
