Las organizaciones integrantes de la Coalición por la Libertad de Asociación exhortaron a la comunidad internacional a tomar “medidas concretas” para exigir al régimen cubano el fin de la represión.
Al mismo tiempo, exigieron la “liberación inmediata” del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y el youtuber Yoandi Montiel, conocido como “El Gato de Cuba”, quienes se encuentran detenidos de forma arbitraria desde hace varios meses, acusados del delito de desacato por ejercer sus derechos a la libertad de expresión.
La Coalición por la Libertad de Asociación también denunció que el Estado cubano restringe “de forma severa” los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso.
El comunicado también alude al recrudecimiento de la represión gubernamental en contra de la oposición pacífica, reportado tras las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021.
La Coalición por la Libertad de Asociación está conformada en la actualidad por 21 organizaciones de la sociedad civil y se creó formalmente en febrero de 2021 con el propósito de ejercer la solidaridad democrática entre colegas de la sociedad civil.
Según un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta febrero todavía seguían presas en Cuba más de 700 personas por su participación en las protestas.
La CIDH indicó que la fiscalía general de la República de Cuba registró un total de 790 personas acusadas de “actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”. Además, se impondrían sanciones de hasta 30 años de prisión según la gravedad de los hechos, señala el comunicado.
En Cuba hay más de 1000 prisioneros políticos, señaló la ONG Prisoners Defenders en un informe publicado el 3 de marzo. Al menos 869 de esas personas fueron detenidas por las protestas del 11 y 12 de julio pasado, además de otras decenas, liberados con imposición de multas en los últimos meses.
En enero, la embajada de EE.UU en La Habana criticó fuertemente al régimen de la Isla por la realización del juicio contra seis menores de edad que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio anterior en Toyo, municipio Diez de Octubre.
