El periódico oficialista Vanguardia, de Villa Clara, informó recientemente que el régimen ha reforzado sus estrategias de enfrentamiento a "las ocupaciones ilegales" de inmuebles.
Bajo el argumento de proteger la propiedad privada, el medio dice ofrecer "otra mirada" a la problemática que viven hoy numerosas familias y que cada día se hace más común.
De acuerdo con Antonio Arteaga Águila, viceintendente que atiende Construcción y Vivienda en Santa Clara, en lo que va del año han sido sometidas a un proceso penal cuatro personas que intentaron ocupar locales estatales, las cuales desistieron de "manera voluntaria", y quedan cuatro expedientes en proceso.
"Aunque se han producido intentos, no han pasado de ahí, debido al trabajo de la Comisión de Enfrentamiento, la acción de la propia población, sensibilizada con el tema, y el reforzamiento de la seguridad en los inmuebles estatales", declaró Eduardo Andrés Román Duarte, intendente de Santa Clara.
Por su parte, Ángel Enrique Estrada Benítez, jefe del departamento de Asistencia Social en la provincia, refirió que se han otorgado recursos a 937 madres con tres hijos o más, entre los que mencionó camas, colchones, ropa, calzado y refrigeradores.
De igual forma se informó que, como parte del programa de Atención a la Dinámica Demográfica implementado desde 2019, se han resuelto 385 casos de madres con descendencia múltiple y "necesidades habitacionales".
Al cierre de agosto del presente año, según el balance gubernamental, se dio respuesta a "58 [casos] a través de subsidios, 78 por la vía estatal, tres por esfuerzo propio, uno por asignación del fondo habitacional, uno como rehabilitación estatal y 244 mediante la compra de casas. Otros cientos continúan en ejecución", indica Vanguardia.
Sin embargo, en la proyección del trabajo periodístico se trata de mostrar a las ocupantes como mujeres que buscan aprovecharse de los marcos legales para su propio beneficio y se invisibilizan los casos sociales que presentan una alta vulnerabilidad y que sufren el desamparo de las instancias cubanas.
En este sentido, el reportaje rescata una cita de Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, durante su participación en la Mesa Redonda del pasado 30 de agosto, en la cual la vocera del régimen asegurqa que "nadie es vulnerable per se".
"Tener tres o más hijos no es una enfermedad, ni una condición de discapacidad. Lo primero es que los padres los atiendan. Esos niños tienen que ir para el seminternado o para el círculo, esa mujer tiene que trabajar, y si tiene una situación social crítica, entonces, el Estado la protege, que no es comprarle una casa; a lo mejor hay que reparar el techo o ampliar la vivienda", declaró la ministra.
A su vez, el medio refuerza el mensaje con el testimonio de Mercedes Inés Véliz Sánchez, quien recuperó la propiedad de su hija, residente en Nicaragua, bajo los cuestionamientos: “¿Qué culpa tengo yo de su situación? ¿Cómo va a aspirar a una casa como esta, violando la propiedad y los derechos de otras personas? ¿Por qué el Estado tiene que darles viviendas a mujeres que no se planifican para tener hijos, cuyos padres irresponsables no se ocupan?”, los cuales constituyen una retórica de clasismo que avala la disparidad social.
Pero los medios oficiales no muestran casos como el de la ciudadana cubana Laine María Garrido Osorio, quien pide ayuda para poder encontrar un techo bajo el que cobijarse junto con sus hijos.
Desprovista de una vivienda propia, Garrido Osorio se ha visto en la necesidad de buscar por sus propios medios un lugar para habitar, pues las autoridades del gobierno le hacen caso omiso alegando falta de presupuesto.
Otra madre cubana con dos niños, uno de ellos ciego, identificada como Bárbara Acosta, denunció a inicios de agosto en Facebook que las autoridades de Las Tunas quieren desalojarla de la casa donde reside.
La madre ha hecho varias publicaciones desesperadas en la red social buscando ayuda ante la inminente expulsión. En sus videos se ve a funcionarios de vivienda y a policías con documentos donde se le ordena salir de la casa con sus hijos.
También Yamileidis Fonseca Villalon denunció recientemente que, tras la muerte de su pareja, está siendo víctima de un desalojo forzado en el que interviene la Policía Nacional Revolucionaria.
"Desde el año 2012 vivo en este hogar con mis hijos y me están desalojando a la fuerza los herederos porque él no tuvo tiempo de dejar ningún documento. ¿Para dónde voy? ¿para la calle?", cuestiona la ciudadana cubana en un post realizado este lunes 29 de agosto.
