La doctora estomatóloga Aurora Romero Yero denuncia este 12 de agosto en redes sociales una imposición de multa que, a su juicio, es una injusticia.
Según cuenta, fue de visita a Batabanó, en la costa sur de la provincia Mayabeque, para llevar comida y medicinas a su abuela que vive sola. Su tío, quien la acompañaba en el automóvil, tenía permiso de circulación emitido por el Ministerio de Transporte.
Aun así, el auto-patrulla 192 le impuso una multa de 2000 pesos, a pesar de que “no nos señalizó ni nos dijo que no podíamos pasar”, detalló Romero.
Decenas de personas comentaron la publicación en las redes sociales. “Hasta cuándo será el abuso con el pueblo, que no tiene ni comida ni medicamentos”, comentó Yuleidy Rodríguez.
“La policía hace y deshace sin control ni límites... (…). Muy bien por denunciar”, declaró Leidy Díaz.
Por su parte, Odalys Salgueiro declaró: “Ve al gobierno y quéjate. No pagues la multa. Primero pelea. ¡Tú no fuiste a una fiesta! Fuiste a llevar atención a un vulnerable como dicen ellos mismos. ¡Al lado de mi casa todos los días hacen fiestas de todo tipo! Hasta la madrugada y nadie se mete con ellos”.
En redes sociales proliferan este tipo de denuncias, que señalan a las fuerzas del orden público como responsables de utilizar a su favor las leyes que limitan el tránsito de vehículos y peatones para detener los contagios de coronavirus.
Las multas pueden llegar hasta los 3000 pesos cubanos —unos 50 dólares al cambio en el mercado negro—. Toda persona está obligada a pagarlas en menos de 10 días; si no lo hace, se duplica la multa. Si a los 30 días sigue sin pagar, puede ser juzgada.
Este tipo de sanciones también son aplicadas a pequeños comerciantes y vendedores ambulantes, a quienes el régimen decomisa sus mercancías y los acusa de acaparamiento y también propagar el virus.
En lo que va de año, solo en dos provincias cubanas (Matanzas y Cienfuegos) el gobierno impuso multas por más de seis millones de pesos. Según la oficialista Agencia Cubana de Noticias, solo en Matanzas el total de sanciones asciende a 1500, lo que suma unos cuatro millones de pesos, de los cuales se cobraron hasta la fecha apenas 350 mil.
