Luego de más de 10 meses de reclusión domiciliaria, la periodista cubana Camila Acosta quedó libre de cargos, explicó este 26 de mayo en un artículo para el medio digital CubaNet, con el que colabora.
El miércoles, fue citada a la estación policial de Aguilera, municipio Diez de Octubre, donde un oficial de la Seguridad del Estado le impuso una multa de 1000 pesos, bajo el “criterio de oportunidad”, previsto en la Ley 143, que “permite a las partes resolver las diligencias sin llegar a tribunales”. La periodista debe pagar la multa en tres días.
Acosta, que tiene un plazo de tres días para pagar la multa, reitera que no cometió un delito, solo hacía su trabajo de reportera cuando fue detenida. “No me arrepiento de haberlo hecho y lo volvería a hacer. Informar no es un delito, tampoco manifestarse pacíficamente”, afirmó.
Aunque la multa la libra de ir a juicio, y de enfrentar una posible sentencia de tres meses a un año de prisión, la comunicadora señala que pagarla significa “aceptar una medida arbitraria, o que cometí ese supuesto delito”.
Acosta fue detenida el 12 de julio de 2021 por su cobertura de las protestas antigubernamentales ocurridas el 11 de julio en La Habana.
La Seguridad del Estado la mantuvo cautiva hasta el 16 de ese mes. Al liberarla le informaron que un proceso judicial estaba abierto en su contra y que estaba obligada a no salir de su domicilio. La periodista se negó a firmar una multa por el delito de “desórdenes públicos” que le imputan.
Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Cuba es uno de los países con peores índices de respeto a la libertad de expresión y de prensa en América Latina, junto a Nicaragua y Venezuela.
Cuba es el peor país de América en el ranking 2021 de Libertad de Prensa en el Mundo, según la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF). La isla se ubicó en el puesto 171 y es la única nación del continente que aparece indicada de “negro” en el mapa, lo que significa que la situación del periodismo se considera “muy grave”.
Otro informe de RSF incluyó al presidente Miguel Díaz-Canel entre los jefes de Estado o gobierno considerados “depredadores de la libertad de prensa”.
