“Seguiré luchando desde Miami por la democracia en Cuba”, declaró el activista y científico cubano Oscar Casanella a América TV al llegar a Florida el 19 de enero.
“El objetivo es hacer que Cuba sea con todos y para el bien de todos, como lo soñó Martí”, dijo el opositor, quien se exilió tras sufrir fuertes presiones del régimen de La Habana.
Casanella, bioquímico de profesión y uno de los opositores que participó en la protesta del Movimiento San Isidro de noviembre de 2020, fue perseguido, golpeado y arrestado por fuerzas de seguridad del régimen en varias ocasiones.
La víspera se conoció su llegada a Miami tras anunciar el 12 de enero su salida de Cuba. Profesor de la Facultad de Biología de la Universidad de la Habana e investigador del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, fue expulsado de ambas instituciones tras cuestionamientos de la Seguridad del Estado por su vínculo con opositores.
La salida de Casanella es la más reciente en una ola de exilios forzosos de activistas. Recientemente los colaboradores de ADN Cuba Héctor Luis Valdés y Esteban Rodríguez salieron de Cuba rumbo a Nicaragua y fueron acogidos por El Salvador tras la negativa de Managua.
En México se encuentra la historiadora del arte y también miembro del MSI, Anamely Ramos, mientras que en EE. UU. reside ahora Eliécer Márquez, alias “El Funky”, uno de los protagonistas del tema musical “Patria y Vida”.
Los artistas Hamlet Lavastida y Katherine Bisquet fueron desterrados en septiembre de 2021, luego de tres meses de encierro ilegal de Lavastida en cárceles cubanas.
En noviembre, salió de Cuba el artista Yunior García, coordinador de la plataforma Archipiélago, quien había convocado a una marcha protesta para el 15 de ese mes. García alegó presiones del Gobierno como causa de su exilio.
En cárceles del país quedan los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel “El Osorbo” Castillo y el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Cientos de manifestantes del 11 de julio también están presos. Desde octubre, autoridades judiciales comenzaron los juicios contra ellos, con peticiones fiscales que pueden llegar hasta los 30 años de cárcel.
